MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
Junts defendió este martes en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de su proposición de ley orientada a la recuperación “rápida” de inmuebles okupados en la misma línea que “la mayoría de países de nuestro entorno democrático”, que “han introducido vías legales” para hacerlo “en un plazo muy breve, entre 24 y 48 horas desde que se tiene conocimiento de la okupación”.
Durante la defensa de la iniciativa, la diputada de Junts Marta Madrenas explicó que Cataluña “lidera” los casos de okupaciones ilegales. Según datos de la Generalitat catalana, en 2022 se registraron 9.477 nuevas okupaciones, en 2023 fueron 9.247 y hasta junio de 2024 “ya se habían registrado 5.364” y apunta que este año se cerrará “con una cifra récord de más de 10.000”.
Estas cifras, avisó, “indican que el problema está aumentando”, pero dejó claro que “no” son ciertos “algunos discursos populistas que alarman a la ciudadanía sugiriendo que cualquiera que salga de su casa fácilmente puede encontrarse su domicilio okupado”. Sin embargo, añadió, que esto “no significa que el problema no sea grave ni que no genere consecuencias negativas”.
Asimismo, explicó que la iniciativa de su partido no tiene como objetivo “aumentar las penas ni sanciones”, sino “asegurar que la propiedad pueda recuperar urgentemente su vivienda que ha sido quitada ilícitamente”, por ello, incluye un conjunto de modificaciones “técnicas” en el ámbito penal y civil.
Además, aseguró que la vivienda es “uno de los problemas más ingentes” que los poderes públicos tienen encima de la mesa y que su partido defiende “firmemente” que la vivienda “tiene que constituir una nueva pata del Estado de bienestar”. Agregó que garantizar este derecho tiene que ser “responsabilidad de las administraciones públicas”.
LEY ANTIOKUPACIÓN DEL PP
Por parte del PP, Cristina Agüera subrayó que se podría tener ya vigente una ley que acabaría con las okupaciones, la propuesta de su partido, pero “no la tenemos porque Sánchez y Armengol decidieron bloquearla” y “no les importa convertir a España en el único país de Europa donde un okupa tiene mayor protección que aquel a quien le roban su casa”.
Esta norma, cuya toma en consideración se aprobó en el Senado en febrero de 2024, “lleva más de un año esperando a ser debatida y aprobada definitivamente, sin embargo, la han paralizado con 40 prórrogas”. Para Agüera, la okupación ilegal de viviendas es “uno de los problemas más graves que sufren miles de familias” en este país, por lo que pidió al PSOE que “no vuelva a decir que las okupaciones son un bulo”.
Desde el PSOE, Guillermo Hita expuso que los ciudadanos están “un poco hartos” de que la derecha y la ultraderecha “no hagan más que meter miedo con este tema”. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, afirmó, actúan de forma “urgente” en los casos de allanamiento de morada desalojando las viviendas “prácticamente de inmediato” y también actúan en los casos de usurpación de inmuebles, aunque “sujetos al orden judicial”.
Por ello, puntualizó que el ordenamiento jurídico español “cuenta con mecanismos suficientes” para afrontar la “mal denominada okupación de vivienda”, aunque “es susceptible de mejora”. Coincidió con Junts en que hay que preservar el derecho a la propiedad privada, pero esto “no supone en sí misma una solución al problema de la vivienda” y puso en valor que la Ley de Vivienda “está dando sus frutos”.
EN CONTRA
Gerardo Pisarello, desde Sumar, confirmó que la okupación ilegal es “algo rechazable”, pero “ya existen leyes contra el allanamiento de morada que la impide” y apuntó que “el principal problema de la vivienda en España no es ese, son los casi 40.000 desahucios anuales que se producen, la mayoría de ellos protagonizados por bancos y fondos buitres a los que les importa un bledo la suerte de las familias afectadas”.
Etna Estrems, de ERC, arguyó que “es real que hay okupaciones” y que “la justicia es lenta y que muchas veces la policía no llega a tiempo y que las okupaciones se alargan”, pero “no aceptamos que sea lo mismo legislar una violación de domicilio o una okupación de una vivienda vacía”, y criticó que lo que hizo Junts fue presentar “una maniobra de distracción de lo que está pidiendo la ciudadanía, que es que se solucione el problema de la vivienda”.
Por su parte, Oskar Matute explicó que EH Bildu votará en contra de esta iniciativa porque lo que hay “detrás” de la misma es la voluntad de generar un “estado de temor, ansiedad y miedo en la población en torno a la posibilidad de que se vaya a comprar el pan y les okupen la casa”. No negó que la ocupación “es “un problema”, pero aclaró que afecta al “0,06, o menos, de la población” de España.
MÁS POSICIONES
El diputado de Vox Carlos Quero deploró que el “negacionismo de la okupación ha destrozado el mercado de alquiler y ha llevado a una situación límite a los barrios más humildes”. “Entiendo que la izquierda cuqui todo esto le importe un comino porque sus prioridades son otras muchos más urgentes y desde luego elevadas, pero a la gente común le va la vida en ello”, destacó.
Desde el PNV, Mikel Legarda, aunque apostó por no construir “relatos pavorosos” sobre las cifras de okupación, apoyó esta iniciativa a fin de “procurar la mejor respuesta contra un fenómeno no tan masivo, pero que genera preocupación y alarma en la sociedad”, ya que ahora el ordenamiento jurídico no tiene una respuesta “ágil y eficiente” para la recuperación de viviendas u otros inmuebles.
Cristina Valido, de Coalición Canaria, señaló que la Justicia tiene que tener “herramientas para combatir la usurpación y el allanamiento de morada” porque “no puede ser que nuestros vecinos se estén echando a la calle en nuestros barrios” porque la justicia “no actúa para desalojar” viviendas okupadas. “No podemos negar un problema que es una realidad y estamos ante una oportunidad”, concluyó.
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