MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, denunció este martes el pacto entre PSOE y Junts en materia de inmigración y denunció que hayan llegado a Madrid más de 10.000 menores inmigrantes no acompañados desde 2019.
Para Vox, el acuerdo de Pedro Sánchez con Junts para el reparto de estos menores es “una muestra más de la política globalista de un Gobierno que odia España y a los españoles, que fomenta la inmigración ilegal masiva y deja nuestra nación a merced de las mafias de tráfico de personas”.
Desde la formación que dirige Santiago Abascal aseguran que “la única solución real al problema de la inmigración ilegal masiva es la repatriación inmediata de todos los ‘menas’ a sus países de origen con sus familias”.
Pérez Moñino denunció que el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, mientras anuncia que va a llevar este acuerdo a los tribunales y a la Unión Europa, “mantiene abiertos en Madrid los centros de ‘menas’ que aterrorizan a barrios enteros, financiándolos con el dinero de los madrileños honrados”.
La portavoz de Vox recordó que en la Comunidad de Madrid, desde 2019, el Gobierno de Ayuso ha acogido 10.618 menores no acompañados, por lo que se preguntó “si va a dar alguna explicación, cuántos millones de euros de dinero público ha destinado a mantenerles, por qué ha rechazado la propuesta de Vox para hacerles pruebas de edad y quién se lo está llevando crudo”.
La formación de Abascal insiste en que “Mazón ya ha asumido el compromiso con Vox para implementarlas”. Sin embargo, “en lugares como Madrid y Andalucía, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, la estafa del reparto de ‘menas’ seguirá en marcha”.
En este sentido, critican que “la supuesta libertad de Ayuso significa que todo África puede entrar sin enseñar el pasaporte; y que en Andalucía ‘el corazón asín de ancho’ de Moreno Bonilla solo se traduce en más inseguridad y más dinero para quienes se lucran con la inmigración ilegal”.
Por eso, defienden que “si de verdad quisieran acabar con este problema, cerrarían esos centros y exigirían que se cumpliese el artículo 35 de la Ley de Extranjería para repatriarlos a sus países de origen y garantizar un control efectivo de las fronteras”.
Por último, concluyen remarcando que “no vamos a permitir que España siga siendo el refugio de una inmigración ilegal que acaba con la seguridad de nuestras familias y solo beneficia a las mafias de tráfico de personas y a los burócratas de Bruselas”.
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