El pleno del Consell aprobará el anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto en las próximas semanas, tal y como ha anunciado el president de la Generalitat, Ximo Puig, durante el Debate de Política General en Les Corts.
La futura ley pretende ofrecer un marco integrador de los instrumentos de gobierno abierto y la buena administración en la Comunitat, además de dar cumplimiento al compromiso del Pacte del Botànic en materia de transparencia, buen gobierno e integridad de las administraciones valencianas.
Asimismo, supone la culminación del cambio de cultura impulsado en la administración pública valenciana para levantar la hipoteca reputacional de la Comunitat y romper definitivamente con la etapa anterior de corrupción.
Compromiso con la transparencia y la participación ciudadana El nuevo texto normativo pretende regular de manera complementaria y sistemática la transparencia, el buen gobierno, la planificación y evaluación, la participación ciudadana y el fomento del asociacionismo.
En materia de transparencia, se establecerá la elaboración de planes bienales de transparencia y se apuesta por la transversalidad en la administración de la Generalitat. Por otro lado, se ampliarán las obligaciones de publicidad activa de la Generalitat, incrementando los mínimos de información con especial atención a la relacionada con la contratación pública.
Asimismo, se regulará de manera más completa y reforma sustancialmente el Consejo de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se refuerzan las garantías para su independencia y buen funcionamiento y se incorpora como novedad, junto a las reclamaciones por el derecho de acceso, la posibilidad de procedimientos de mediación.
En materia de buen gobierno se prevé avanzar en la promoción de los códigos de conducta y de buen gobierno en las administraciones públicas. Entre otras cosas, se extenderá la obligación de contar con código de gobierno a los gobiernos locales y el resto de entidades. También se prevé la inclusión de principios éticos y reglas de conducta para contratistas y beneficiarios de subvenciones en los pliegos de contratos públicos y en las bases de subvenciones, así como la promoción de código de conducta para el personal empleado público que participe en su gestión.
A su vez, se introduce un título específico dedicado a la planificación y la evaluación normativa y de políticas públicas. Entre otras cosas, se prevé la elaboración por el Consell de un Plan de Gobierno, como plan estratégico de legislatura, que debe estar sometido a un seguimiento y revisión semestral. También se hace énfasis en la obligación de evaluar el impacto de las normas que se aprueben, tanto con evaluaciones previas a su aprobación como a través de evaluaciones periódicas de los resultados de la aplicación de las normas y las políticas.
Por otra parte, se establecerá un marco completo regulador de los mecanismos de participación ciudadana, hasta ahora inexistente. Así, está prevista la regulación el Consejo de Participación Ciudadana, los órganos de participación institucional de las consellerias y los instrumentos y los diferentes procedimientos específicos de participación.
El anteproyecto regulará también mecanismos para el fomento y la promoción del asociacionismo y la cultura participativa, incluyendo la elaboración de planes de formación para el tejido asociativo y el personal de los gobiernos locales y el fomento de la educación para la participación, tanto en el ámbito formal como en el no formal.
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