MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
Las comunidades gobernadas por el PP se negarán a acoger a menores inmigrantes “si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías”, y seguirán así la estela de la Comunidad Valenciana tras el preacuerdo presupuestario entre el presidente valenciano, Carlos Mazón, y Vox, según avanzaron fuentes populares a Servimedia.
“Lo que va a hacer la Comunidad Valenciana es lo que harán todos los territorios del Partido Popular”, señalaron desde la dirección nacional del PP. “Son personas a atender, no paquetes a recepcionar”, añadieron. No aclararon, sin embargo, si explorarán “vías legales” para devolverlos con sus padre, como anunció ayer Mazón, aunque la propuesta del nuevo plan europeo de retornos abre la puerta a esta opción siempre y cuando se identifique a un familiar.
Génova defiende que este planteamiento es “consecuente” con la postura del PP, que fue suscrita en septiembre por el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y por el presidente canario, Fernando Clavijo. Entonces, ambos requirieron al Estado que aporte a las comunidades recursos extraordinarios cuando sus centros de acogida superen el 100% de capacidad en atención de menores no acompañados, y asuma la gestión cuando se supere el 150%.
“Si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida de los inmigrantes menores de edad las autonomías del Partido Popular no podrán colaborar en su adaptación a nuestro país”, explicaron las mismas fuentes.
El PP considera que sus condiciones para modificar la Ley de Extranjería son “muy razonables”, y deploró que el Gobierno “prefiera negociar un decreto con Junts antes que una ley con el PP”. En Génova tachan de “insolidario” que el Ejecutivo esté dispuesto, a su parecer, a “condenar a los menores a estar hacinados en centros sobresaturados”, como también lo es repartir a los inmigrantes llegados a las costas españolas de “manera asimétrica y siguiendo solo criterios partidistas”. Junts, de hecho, se ha jactado de que a Cataluña llegarán solo entre “20 y 30” menores, mientras que a Madrid le tocan unos 700.
En este contexto, la oposición acusó al Ejecutivo de mercadear con “menores de edad” tras hacerlo en el pasado con leyes como la amnistía, y avanza que analizará “de manera crítica” el decreto que el Consejo de Ministros apruebe hoy “en connivencia con el independentismo”.
“El Gobierno que ya troceó la gestión de fronteras y el control de la inmigración para contentar al independentismo catalán en detrimento del resto de territorios se abre ahora a mandar inmigrantes con carácter discrecional y con criterios políticos. Y con el único objetivo de blindar el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez para continuar en el Palacio de la Moncloa”, concluyeron estas fuentes.
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