Óscar Lobo afirma que Vox actuó “a sabiendas” y “con alevosía” y sabía que se saltaba la ley al eliminar estas ayudas
VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dado la razón también a UGT, al igual que hiciera con CCOO, en el contencioso abierto con la Junta para reclamar las cuantías adeudadas por participación institucional correspondientes a 2023 que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que lideraba Mariano Veganzones, suprimió en 2023.
Así, el Alto tribunal condena a la Junta a abonar a UGT 743.000 euros más la actualización correspondiente al IPC, además de las costas, una cuantía que resta de la subvención total de 1.237.000 euros contemplados para el sindicato después de que éste sí acudiera a una convocatoria excepcional que en 2023 sacó la Consejería y en la que le otorgó 494.000 euros, a diferencia de Comisiones Obreras, que decidió no participar en ella.
El secretario general de UGT, Óscar Lobo, considera que esta sentencia “remata” el proceso judicial de los sindicatos de clase “contra las tropelías y abusos de poder” de la Consejería de la que se hizo cargo Mariano Veganzones “con la complicidad” del entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y además cree que VOX actuó “a sabiendas” y “con alevosía” y sabía que se saltaba la ley al eliminar estas ayudas.
Lobo, en una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del fallo que conoció el pasado viernes referente a un proceso iniciado en febrero de 2023, considera que es “otro varapalo” a “todo lo que Vox en la Consejería” y ha calificado el resultado de la sentencia como “un triunfo de Comunidad, de los demócratas”.
El secretario autonómico de UGT ha afirmado que además es un triunfo del “espíritu” que hizo posible la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007, que incorporó como seña de identidad de la Comunidad el Diálogo Social, que definió el “modelo de convivencia” y estableció unas “reglas del juego”, pero además se aprobó por unanimidad.
En esta línea, ha recordado que la primera ley que se aprobó después de dicha reforma fue la Ley 8/2008 de creación del Consejo de Diálogo Social y la participación institucional, que fue una cuestión “simbólica” y seña de identidad de Castilla y León con respecto a otras reformas y otras comunidades.
DERECHO SUBJETIVO
En dicho texto legal, ha apuntado Lobo, el artículo 16 recoge que con la finalidad de fomentar la participación institucional, en los Presupuestos Generales de la Comunidad debía contemplarse anualmente una cuantía como subvención nominativa para las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León, algo que ha ocurrido entre 2008 y 2022, hasta la entrada de Vox en el Gobierno.
Óscar Lobo, tras incidir en que la representatividad se la tienen que ganar “todos los días” en las elecciones sindicales, ha señalado que los sindicatos con su papel participan en la defensa de materias económicas y sociales y todas las que sean de interés general para la Comunidad y por eso están en más de 85 órganos autonómicos, 200 consejos de salud de zona, etcétera.
El máximo responsable de UGT en la Comunidad ha valorado que la sentencia reconozca como “auténtico derecho subjetivo” esta subvención nominativa que se retiró en 2023 y que en ningún momento ha sido motivo de discusión, ya que se había concedido desde 2008 hasta 2022 con su consignación presupuestaria e incluso el fallo recoge que también figuraba en el plan estratégico de las subvenciones de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.
Además, TSJCyL aclara que el presupuesto no recoge ninguna cuantía, pero sí que se podría variar la misma y “siempre que se haga debe estar explicada y motivada” y “de la costumbre, hace derecho”.
Con lo cual, Lobo considera que la Consejería y Veganzones “eran conscientes de que cometieron una ilegalidad, que se saltaron la ley, a conciencia, con propósito y con interés” y, tras recordar que este domingo acudió a Valladolid el líder de Vox, Santiago Abascal, ha aseverado que ya tienen dos sentencias en contra por sus actos cuando han estado en el gobierno y “realmente lo que tienen que estar es escondidos y explicar bien quién va a pagar”.
Además, ha asegurado que al sindicato le ha costado dos años en los que se les ha “menoscabado” también la capacidad de llevar a cabo sus actuaciones.
CONVOCATORIA “EXCEPCIONAL”
En cuanto a la cuantía adeudada, Lobo ha recordado que ante la convocatoria excepcional que sacó la Consejería, UGT y CCOO presentaon un escrito ante la Fiscalía para que investigase la legalidad de la misma pero, al no obtener respuesta, cada sindicato actuó de forma diferente –UGT sí acudió y CCOO no–, razón por la que el TSJCyL resta la cuantía recibida por UGT entonces al tratarse de fondos que tenían el mismo objeto, la participación institucional (en el caso de CCOO la cuantía de la sentencia es la totalidad de lo previsto para el año 2023).
Por otro lado, ha defendido la postura del sindicato al acudir a la convocatoria excepcional de la Consejería en la que se les otorgaron 494.000 euros, algo que hicieron mientras mantenían la demanda presentada ante el TSJCyL por considerar que se vulneraba un derecho fundamental, aunque en su momento pudiera no ser bien entendida y ha aclarado que nunca se “achantaron” y tuvieron “claro” que nunca iban a renunciar a la parte de un derecho ni iban a “regalar” nada a Mariano de Veganzones y a la Consejería que pilotaba.
“No íbamos a participar de su estrategia, nosotros no nos íbamos a pegar un tiro en el pie”, ha afirmado Óscar Lobo, quien ha agregado que precisamente lo que querían era “responder con más fuerza a la extrema derecha” porque “sabíamos que era cuestión de tiempo” y, de hecho, la sentencia recoge que era “perfectamente compatible y legal” la solicitud que este sindicato hizo en su momento a esa “sumisión directa” (la convocatoria excepcional) porque era parte de un derecho, motivo por el que se deduce esa cuantía del total que le corresponde al sindicato.
Esta sentencia, ha reiterado el líder de UGT, es “otro varapalo a todo lo que ha representado Vox en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo”, pero además cree que también tiene una “importante carga simbólica” en lo que supone “ese ataque permanente e insistente de la extrema derecha no solamente en España sino también en conjunto de Europa” contra lo que representan los sindicatos de clase.
“Nos gustaría que la condena en costas lo pagaran Mariano Veganzones y Gallardo de su bolsillo”, ha aseverado Óscar Lobo, quien ha recordado que la primera actuación que hizo “la extrema derecha” en su gobierno fue comparecer públicamente para anunciar un recorte del 50 por ciento de las subvenciones a sindicatos y empresarios.
“Vemos como la extrema derecha no tiene ningún reparo en saltarse la legislación, la ley para percibir sus objetivos políticos”, ha asegurado Lobo, quien ha expresado el deseo de “pasar página complemente” y que se aplique la “normalidad” que siempre ha habido en la Comunidad.
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