ZARAGOZA, 17 (EUROPA PRESS)
La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha manifestado que “se están rompiendo las reglas de juego y de diálogo con las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España sigue sin explicarnos qué tiene de particular la situación de Cataluña respecto a las políticas de inclusión y por qué acceden a esta cesión de competencias en extranjería, porque no es una delegación: es una cesión”. Así ha resumido el punto más destacado del orden del día de este lunes en la Conferencia Sectorial, presidida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
En esta reunión, en la que la Consejera ha participado por videoconferencia, acompañada por la directora general de Inclusión Social y Voluntariado, María Charte, ha manifestado la preocupación de la DGA por las consecuencias que puede tener este traspaso de competencias en Aragón al ser territorio limítrofe con Cataluña.
Aragón, así como otras CCAA, solicitó por carta a principios de marzo que se abordase la cesión de competencias en migración a Cataluña en la Sectorial de este lunes, toda vez que se hizo público el acuerdo para elaborar una Ley Orgánica que traspasa las competencias estatales en materia de inmigración a Cataluña tras una negociación entre el PSOE y Junts, a lo que el Ministerio se negó. Sin embargo, finalmente esta cuestión sí ha sido incorporada al orden del día como último punto, previo a los ruegos y preguntas.
“Es incomprensible, en aras a esa lealtad institucional, que se elaborase el orden del día de esta Conferencia Sectorial tres días antes de darse a conocer el acuerdo con Junts, que no con la Comunidad Autónoma de Cataluña”, ha puntualizado Aragón.
“Éste es un acuerdo entre dos partidos políticos, uno de ellos independentista y que además está en la oposición: no es una solicitud de transferencia de competencias que haya hecho ninguna Comunidad Autónoma, como se empeña en relatar el Gobierno de España”, ha denunciado Susín.
“Le pido en nombre de la Comunidad Autónoma de Aragón que se haga un análisis de las repercusiones que tiene esta cesión de competencias a la Comunidad Autónoma de Cataluña, puesto que somos territorio limítrofe”, ha demandado Susín.
Así, Aragón ha solicitado que se realice un análisis sobre las consecuencias en los territorios contiguos, sobre todo en cuanto a las posibles expulsiones. Este informe, a juicio de Aragón, debería acreditar qué va a suceder con las personas que expulse Cataluña y cómo se financiará la atención que se les prestará, puesto que en este caso el Plan de integración y convivencia de intercultural en Aragón necesitará “más recursos”.
Ha apostillado la consejera que “si el Estado hace dejación de funciones o, aún peor, las cede a unas Comunidades en concreto contraviniendo la Constitución, nos coloca en una situación que no favorece la migración legal sino la clandestinidad y el tráfico de personas”.
Una vez más Aragón ha incidido en las consecuencias de la “inexistente voluntad del Gobierno de España de informar sobre su política migratoria y de extranjería a las CCAA”, tampoco en el ámbito europeo. Esta “ausencia de cauces de comunicación y de espacios de participación” en cuanto a todo lo relacionado con el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprobaba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en palabras de Susín, repercute directamente en la gestión de las competencias que sí corresponde a las Comunidades: las de inclusión social y de integración.
En este punto en concreto, Susín ha recordado que Aragón realizó alegaciones a este reglamento en septiembre de 2024 y el Ministerio no ha dado respuesta alguna sobre si éstas se incorporaron o no y por qué razones.
Además varias de las CCAA han manifestado su malestar por la escasa información y el “baile de cifras” sobre el número de plazas de acogida humanitaria y su ocupación que facilita el Ministerio: los informes que remite siguen sin reflejar cuál es la rotación de esas plazas y por lo tanto el número total de personas que han llegado a Aragón desde que se agudizó la crisis migratoria en Canarias y tampoco hay un seguimiento de qué sucede con ellas una vez finalizan su estancia dentro del programa de acogida humanitaria, que tiene una duración de tres meses.
A día de hoy Aragón no tiene datos oficiales sobre cuántas personas han llegado por intermediación del Gobierno de España para ser atendidas por ONGs en programas de protección internacional, de asilo y de refugiados en la Comunidad Autónoma, tal y como ha denunciado la consejera Carmen Susín en sucesivas ocasiones y ha reiterado y denunciado en esta Conferencia Sectorial. “No sólo queremos tener la foto fija del momento”, ha reiterado. También ha considerado importante que todas las CCAA tengan información, centralizada por el Ministerio competente, sobre cómo está la situación en cada una de ellas.
Por último, en ruegos y preguntas, Susín ha solicitado información –sin éxito– sobre qué control ejerce el Estado sobre los contratos de acogida humanitaria y de protección internacional y sobre las condiciones a las que se atiende a las personas migrantes en esos programas y recursos.
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