El Gobierno venezolano y algunas voces de la oposición han criticado las expulsiones a terceros países
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), principal organización de defensa de los derechos civiles estadounidense, ha señalado este lunes a la Casa Blanca por incumplir una orden del juez federal James Boasberg que prohibía realizar deportaciones de venezolanos aplicando la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha firmado este fin de semana una orden ejecutiva que invocaba los poderes de guerra mencionados en esta ley para deportar rápidamente a cualquiera sospechoso de pertenecer al grupo criminal venezolano Tren de Aragua.
El proceso no permite audiencias, por lo que podría provocar deportaciones generalizadas de venezolanos sin demostrar relación alguna con el Tren de Aragua, según las organizaciones de derechos civiles.
El juez Boasberg ha bloqueado provisionalmente la orden ejecutiva, pero la Administración Trump ha mantenido al menos dos vuelos de deportación, denuncian grupos como ACLU. En concreto señalan que la orden judicial contempla “inequívocamente” la vuelta de los aviones y exige al Ejecutivo demostrar su cumplimiento.
“Según la información disponible públicamente, parece que hubo al menos dos vuelos que despegaron durante la audiencia, pero aterrizaron incluso después de la orden escrita de este tribunal, lo que significa que los acusados podrían haber cambiado el avión sin entregar a las personas”, ha denunciado la ACLU en un comunicado.
“Aunque los aviones hubieran dejado territorio de Estados Unidos, sus autoridades conservan la custodia al menos hasta que los aviones aterricen y se entregue a los individuos a gobiernos extranjeros”, ha argumentado.
La Casa Blanca ha rechazado la acusación y ha insinuado que Boasberg no tiene autoridad en este asunto a pesar de que los tribunales investigan habitualmente la política de inmigración.
“La administración no se ‘negó a cumplir’ con una orden judicial. La orden, que no tenía una base legal, se emitió después de que los terroristas según la Ley de Enemigos Extranjeros ya habían sido retirados de territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones de la administración no entran en conflicto”, ha subrayado, según recoge la prensa estadounidense.
Además, la Casa Blanca subraya que “como el Tribunal Supremo ha dejado claro repetidamente: los tribunales federales generalmente no tienen jurisdicción sobre la conducta del presidente en los asuntos extranjeros, sus compentencias bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y sus poderes principales del Artículo II para eliminar terroristas extranjeros de suelo estadounidense y repeler una invasión declarada”, ha recalcado la portavoz Karoline Leavitt en X.
“TERRENO MUY PELIGROSO”
Uno de los abogados de la ACLU, Lee Gelernt, ha advertido de que la Administración se mueve en “un terreno muy peligroso”. “Los tribunales federales tienen la competencia y el deber de vigilar lo que hace el poder ejecutivo si incumple la lay. Y eso ese exactamente lo que está pasando. Es un caso de separación de poderes en definitiva”, ha apuntado en un mensaje publicado en redes sociales.
Además, ha recordado que el Congreso dio estos poderes al presidente “hace más de 200 años”. Solo se utilizó tres veces: en la guerra de 1812, en la I Guerra Mundial y en la II Guerra Mundial. “Es una competencia exclusiva presidencial y solo si hay implicado un gobierno extranjero, un país extranjero, si se ha declarado una guerra. Eso no es lo que está pasando aquí, así que el presidente se ha excedido en sus competencias”, ha alegado.
Para Gelernt, los tribunales federales deben poder revisar si se está utilizando ilegalmente la Ley de Enemigos Extranjeros y ha adelantado además que han pedido declaraciones juradas sobre si se ha incumplido el dictamen del juez federal al no dar media vuelta a los dos aviones. “Todo apunta a que han incumplido la orden judicial”, ha remachado.
Lo más grave es el uso de poderes de guerra en tiempos de paz. “Cuanto empezamos a utilizar competencias de época de guerra en época de paz nos metemos en un terreno muy resbaladizo, un terreno muy peligroso”, ha advertido el abogado de la ACLU, que ha denunciado también el uso de la base militar de Guantánamo, en Cuba, para encerrar a inmigrantes.
Las deportaciones han sido criticadas por el Gobierno venezolano y también por algunas voces de la oposición, como Andrés Caleca o Ramón Guillermo Aveledo.
“La persecución, encarcelamiento y deportación de venezolanos en USA sin el debido proceso, estigmatizados por su origen, sin más, es una aberración que no nos puede ser indiferente. La condeno y me solidarizo con mis compatriotas, sometidos hoy a una tenaza impensable”, ha publicado Caleca en su cuenta cuenta en la red social X.
Aveledo, por su parte, ha cuestionado la falta de garantías jurídicas para deportar a venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, donde permanecerán al menos un año, según un acuerdo entre la Casa Blanca y el gobierno de Nayib Bukele.
El dirigente de Primero Justicia Juan Pablo Guanipa ha destacado mientras que la mayoría de venezolanos en el exterior son personas de paz y trabajadoras. “El Tren de Aragua es una organización criminal liderada por el régimen de Maduro. Eso es una realidad. Como también es una inmensa realidad que la gran mayoría de venezolanos en el exterior son personas trabajadoras que solo quieren vivir una vida en paz. Recordemos que el enemigo en común del mundo libre es (Nicolás) Maduro, no el pueblo venezolano. Y la mejor manera de neutralizar al tren de Aragua es salir de Maduro”, ha argumentado. Otras figuras de la oposición como María Corina Machado o Edmundo González no han comentado estas informaciones.
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