Villalobos y Ochoa confirman que funcionarios policiales acudieron a ellos para obtener información sobre la formación ‘morada’
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Excargos venezolanos han confirmado este lunes en su testifical ante el juez de la Audiencia Nacional que indaga en las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre cargos de Podemos que altos funcionarios policiales acudieron a ellos para obtener información sobre cargos de la formación ‘morada’ y la financiación del partido político, llegando a darles incluso fichas policiales para que los identificaran.
Así se ha pronunciado ante el juez Santiago Pedraz quien fuera viceministro de Energía del Gobierno venezolano Nervis Villalobos que, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, ha señalado que fue el policía Bonifacio Díaz Sevillano, vinculado a la llamada ‘policía patriótica’ de Interior en el primer Gobierno Mariano Rajoy, quien se reunió con él en octubre de 2015 en Washington por ese asunto.
Según ha explicado, las personas que se reunieron con él en Estados Unidos –entre las que también ha incluido al ‘lobbista’ Martín Rodil– buscaban personas que pudieran ofrecer pruebas sobre una supuesta financiación irregular del partido, y que una vez que él llegó a España le insistieron dándole incluso fichas policiales de determinados miembros de la formación morada.
Si bien ante el juez Villalobos no ha ofrecido datos de los nombres que aparecían en esas fichas que le habría entregado Bonifacio Díaz –policía dependiente del exDAO Eugenio Pino que no está imputado en esta causa–, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que en esas fichas aparecía Carolina Bescansa, una de las fundadores de Podemos.
Cabe recordar que esas fichas policiales aparecieron con posterioridad en un registro efectuado en el domicilio del excargo venezolano efectuado en España, y este lunes, Villalobos ha afeado que nunca se le devolvieran los efectos aprehendidos.
DOS REUNIONES CON PINO
Javier Ochoa Alvarado, quien fuera viceministro de Electricidad y Desarrollo de Venezuela, ha confirmado hasta dos reuniones a las que asistieron Pino, Bonifancio Díaz y José Manuel García Catalán, quien fuera jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Las fuentes presentes en su declaración han explicado que Ochoa Alvarado ha sostenido que no recordaba qué documentos aportó a la Policía española al respecto de Podemos.
El abogado José Aliste, que también ha declarado este lunes, ha indicado al juez que se acogía al secreto profesional –es un letrado vinculado a Ochoa– para no declarar, pero sí ha comentado que elaboró documentación para la Policía dado que su cliente quería colaborar y el transmitía esa información.
Estos tres testigos fueron citados por Pedraz a petición de Podemos y de su ex secretario general Pablo Iglesias, que entienden que fueron posibles informantes de los funcionarios policiales españoles que realizaron esas presuntas pesquisas ilegales sobre el partido ‘morado’.
Fue en febrero de 2024 cuando Pedraz admitió parcialmente la querella de Podemos contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por esas presuntas investigaciones prospectivas. Rechazaba, eso sí, investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales.
La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política”.
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad éste de decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
OCHO ACTUACIONES CONCRETAS
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las “fuentes policiales” para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento “falsario” de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
- Te recomendamos -
