MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Grupo Municipal Vox, abanderado por Javier Ortega Smith, reclamará medidas concretas para facilitar la adquisición del derecho de superficie a los madrileños del Plan 18.000 de vivienda, con el acento puesto en “aquellos que debido a su avanzada edad no pueden acceder a financiación bancaria”.
Lo que reclamará Vox en la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que se celebra este lunes es que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida dé “una solución viable y justa” y “que se reduzca el periodo de transmisión del derecho de superficie de quince a cinco años, en especial a los afectados por problemas de salud”, siempre que se acrediten.
El mandato anterior, también con José Luis Martínez-Almeida como alcalde pero en tándem de gobierno con CS, finalizaba con un último Pleno ordinario en abril de 2023 en que por unanimidad de la Corporación se perfilaba una salida al Plan 18.000, de modo que los titulares del mismo fueran excluidos de la prohibición de la enajenación de viviendas, como señalaban los Pactos de la Villa, nacidos durante la pandemia.
El Plan 18.000 toma su nombre de un programa del Ayuntamiento de la capital puesto en marcha en los años 90 para construir viviendas protegidas en terreno público, de modo que la ciudadanía únicamente adquiría un derecho de superficie durante unos años, no la plena propiedad.
Desde el principio, superficiarios solicitaron adquirir la plena propiedad de sus viviendas mediante la compra de la cuota de suelo que les correspondiera de las viviendas, locales comerciales y garajes en la misma proporción a las cuotas que dichos inmuebles tienen asignados en los elementos comunes que integran cada uno de los edificios construidos en las parcelas municipales cedidas en derecho de superficie.
Primero en 1992 y luego en 2009, el Ayuntamiento ofreció a los adjudicatarios la posibilidad de comprar la parte proporcional del suelo que les correspondía en la división horizontal. El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas del 24 de noviembre de 2009, que regía la enajenación directa y onerosa, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2012.
Ya en mayo de 2013, con Ana Botella en la Alcaldía, se aprobó un nuevo Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas, que estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2018, con Manuela Carmena al frente, equipo de Gobierno que no prorrogó los pliegos.
PACTOS DE LA VILLA
Debido al interés de los superficiarios en adquirir su cuota de suelo para consolidar su plena propiedad, en el primer mandato de Almeida se aprobó un nuevo pliego incorporando la medida consensuada en los Pactos de la Villa y propuesta por la oposición, que ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública podrían ser enajenados en ningún caso por el Ayuntamiento de Madrid, quedando como patrimonio y titularidad de todos los madrileños.
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