MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, que se celebra el 15 de marzo, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) realizó un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados para que se agilice de manera urgente la tramitación del proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela.
En este sentido, la PMP recalcó que es esencial regular y mejorar la calidad de los servicios de atención a la clientela que brindan las empresas, estableciendo una serie de derechos y obligaciones respecto de las personas consumidoras. A este respecto, insistió en que “es fundamental acabar con los quebraderos de cabeza y los laberintos administrativos que construyen muchas empresas, los cuales imposibilitan el pleno ejercicio del derecho de atención al cliente, máxime cuando hablamos de empresas que prestan servicios esenciales”.
Asimismo, la plataforma añadió que “la obligación de empresas suministradoras de agua, gas, electricidad, servicios de transportes de viajeros o postales, de disponer de un sistema eficaz para facilitar información, atender y resolver quejas y reclamaciones ágilmente, es una cuestión, sencillamente, de derechos básicos de la ciudadanía como consumidora”.
Por estos motivos, Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, manifestó que “el avance regulatorio en la definición de los tiempos de espera; la atención profesional y personalizada de los servicios de atención al cliente; la inclusión de los problemas derivados de la falta de accesibilidad; y adaptabilidad de los servicios a nuestras capacidades, nos parecen, como grupo social de personas mayores y con discapacidad, de suma importancia”.
Por otro lado, la PMP también recordó que, ya en la pasada legislatura, propuso la adición de nuevos apartados y modificaciones al articulado del texto legal que, en términos generales, venían a garantizar eficazmente los principios de accesibilidad universal; así como la igualdad de trato y no discriminación para consumidores vulnerables y personas mayores, a la hora de acceder a los servicios de atención a la clientela prestados por las empresas.
El texto de este proyecto de ley incorpora medidas como la limitación del tiempo de espera a tres minutos para que los usuarios sean atendidos telefónicamente; que estos tengan la opción de prescindir de los sistemas automatizados para ser atendidos por un profesional especializado; o la obligación para las entidades financieras de asegurar los canales presenciales, atendiendo al principio de prestación personalizada.
Sin embargo, a pesar de su trámite de urgencia, la plataforma sostiene que eeste proyecto de ley “continúa encallado en la Cámara Baja tras sucesivas ampliaciones de plazos de enmiendas”. Por este motivo, Fernández señaló que “volvemos a solicitar el máximo consenso político para la tramitación de esta importante y urgente norma, la cual ya acumula un retraso de diez años”.
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