MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, reiteró este viernes su “llamamiento” a las comunidades autónomas para que apliquen la Ley de Vivienda y bajen el precio del alquiler en las zonas tensionadas, si bien afirmó que su petición no tiene “ánimo de confrontar”.
Así lo precisó durante su intervención en el acto ‘Derechos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito digital’, organizado por su departamento coincidiendo con el Día Mundial de las Personas Consumidoras, que se conmemora este sábado y en el que manifestó que se trata de “un asunto que es de absoluta urgencia y que está de actualidad”.
En este punto, recordó que, según los datos conocidos en las últimas horas, entre abril y diciembre del año pasado los precios del alquiler en Cataluña descendieron un 3,7% y en la ciudad de Barcelona, un 6,4%, “mientras, por ejemplo, en Madrid los precios han subido en ese mismo periodo un 8%”.
“Creo que son datos importantes y que llaman a una reflexión general”, aseveró, al tiempo que llegó a la “importante conclusión” de que, “cuando los poderes públicos y las políticas públicas intervienen de manera decidida para poner coto a prácticas o a lógicas extractivas o especulativas, las condiciones de la ciudadanía y de las mayorías trabajadoras mejoran”.
En este contexto y “a la luz de estos datos”, el titular de Derechos Sociales y Consumo insistió en su “llamamiento” al resto de gobiernos autonómicos para que apliquen la Ley de Vivienda y “bajen los precios del alquiler en las zonas tensionadas en este país”, convencido de que la “presión social” es “fundamental para conseguirlo, para atender las demandas de la ciudadanía en este sentido”.
ARMA ARROJADIZA
“No está en mi ánimo el confrontar con ninguna institución ni utilizar estos datos como un arma arrojadiza”, advirtió, al tiempo que señaló que, por el contrario, “se trata de esgrimir y reivindicar que los poderes públicos tienen la obligación de atender las demandas y las necesidades de los consumidores en las relaciones económicas”.
Tras puntualizar que este es “un principio” que, “para empezar”, se aplica en el departamento que dirige, Bustinduy dijo “asumir el mandato” de que una autoridad de consumo “tiene la obligación” de “defender” los “intereses” del consumidor “por muy poderosos que sean los actores que estén implicados en esas relaciones y los intereses económicos que están en juego”, así como de “intervenir para proteger sus derechos reconocidos”.
En la misma línea, subrayó que “no se trata solo de resistir o de reaccionar ante la violación de esos derechos”, consciente de que “democratizar las relaciones económicas requiere de mucho más que garantizar que las prácticas económicas se ajusten a la legalidad vigente”.
“Creo que es fundamental, imperativo, que los poderes públicos intervengan para orientar el desarrollo de las relaciones económicas hacia un modelo más justo, más equitativo, más sostenible, más transparente que asegure la igualdad de condiciones entre las partes implicadas”, apostilló.
Por último, Bustinduy hizo hincapié en que los derechos de los consumidores “son derechos de ciudadanía reconocidos como tales en el ordenamiento” e indicó que, “ante una inmobiliaria que cobre comisiones ilegales a inquilinos, especialmente en la situación que está viviendo el mercado de la vivienda en España”, u operadores económicos que “se dedican a prácticas abusivas o de marcado carácter extractivo o especulativo” en el ámbito de la vivienda, urge “impedir que se asienten, normalicen o asuman como válidos, comportamientos o prácticas que, en pos de obtener un beneficio económico espurio, violenten los derechos de las personas consumidoras”.
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