Explorarán otras ubicaciones con la alcaldesa, quien se plantea “impugnar el acta” del Patronato
SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)
Las familias de los casi 90 alumnos del colegio público El Pedregal de Castro Urdiales, que cerrará sus puertas el próximo curso tras la decisión de la Fundación Barquín de no renovar la cesión del edificio, abogan por buscar otra sede para trasladar esta comunidad educativa o, en caso de que no sea posible, reubicar a todos los alumnos al mismo centro.
Así lo han trasladado en declaraciones a Europa Press los representantes de las familias del CEIP El Pedregal, que han mantenido este viernes un encuentro con el titular de Educación, Sergio Silva, y la directora general de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla, para tratar el cierre del colegio, después de que la arrendataria haya decidido no renovar el contrato de alquiler.
Varias de las madres, acompañadas de algunas profesoras, han salido llorando de la reunión, al ver que es “firme” la decisión de la Consejería de cerrar este colegio y reubicar a los alumnos en otros centros públicos del municipio, como anunció este jueves Silva, tras mantener un encuentro con la Fundación.
“No se han movido ni un centímetro”, han lamentado las familias, que defienden que este colegio es “potente” –el año pasado 11 familias se quedaron sin matrícula en Infantil– y “tiene entidad propia”.
Las madres consideran que existen “distintas vías de acción”. En concreto, apuestan como primera opción por “apoyar” a la Fundación para prolongar el contrato de alquiler y que siga cediendo el edificio; o, si no es posible, buscar otra sede para trasladar a esta comunidad educativa en su conjunto.
Así, como última instancia, abogan por reubicar a todos los alumnos en el mimo centro, si bien señalan que no hay plazas suficientes en ningún colegio público del municipio para acoger a todos y “no van a abrir líneas nuevas”.
Según han indicado, el consejero se ha mostrado “de acuerdo” con la opción estudiar el traslado del colegio a un nuevo edificio en el caso de que “cumpla con las condiciones”, entre ellas, que la inversión sea “cero”, y se ha comprometido a “estudiarla”, aunque ha reconocido que no la ve “realmente viable”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Castro Urdiales, según las familias, ha propuesto “explorar otras ubicaciones”. Así, van a solicitar una reunión con la alcaldesa, Susana Herrán, quien les ha manifestado “todo su apoyo”.
“Que no tengamos edificio no significa que el colegio no pueda perdurar o proseguir”, han defendido las familias, que han avanzado que, en todo caso, van a intentar “ir en bloque” porque quieren “permanecer juntos”, y no descartan incluso una posible “fusión” del colegio con otro centro.
Asimismo, han instado a primar “el bien superior” de los menores, que terminarán el curso en este centro –el edificio tendrá que ser desalojado en julio– y “cuidar” todo este proceso para que la transición sea “lo más amable y respetuosa” posible.
Finalmente, han apuntado que “la Fundación y la Consejería son las mismas personas” y, además, a las familias no se las ha comunicado hasta el momento “nada por escrito”.
“EXPROPIACIÓN” POR CREAR UN “CAMPUS DE OCIO PRIVADO”
Las familias han apuntado que el Patronato de la Fundación Barquín tomó esta decisión el pasado 20 de diciembre en una reunión telemática en la que se contó con el voto de la alcaldesa –miembro de la Fundación–, quien, según los padres, se está planteando “impugnar el acta” porque no estaba presente en el encuentro, como se recoge en la misma.
Asimismo, han censurado que la Fundación pretende ceder el edificio, cerrando una escuela pública, para crear “un centro de campus de ocio y tiempo libre privado”.
“La Fundación Barquín tiene unos estatutos y tiene unas finalidades que cumplir, y lo que está muy claro es que el edificio en el que ahora mismo está el colegio asentado solamente se puede utilizar para uso público y Educación Primaria, ni siquiera otro tipo de etapa educativa”, han precisado
En este sentido, han advertido de que se puede producir “un incumplimiento que de lugar a una expropiación”, como pasó con el instituto Ataúlfo Argenta, que pertenecía a la Fundación Barquín, y “el Estado se lo expropió” porque “no lo utilizó para lo que se supone que tenía que hacerlo, educación pública y Primaria”.
“PREMEDITACIÓN Y ALEVOSÍA”
Por otra parte, miembros del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que han acudido a la Consejería para respaldar a las familias, han opinado que se trata de un hecho “grave” en el que “ha habido muchísimo oscurantismo por parte de la Consejería de Educación”, dado que “se ha realizado con premeditación y alevosía”.
En declaraciones a esta agencia, la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Conchi Sánchez, ha indicado que ayer el consejero anunció esta noticia “bomba” por “sorpresa” en la mesa sectorial de negociación.
Sánchez ha apuntado que “son más” de cuatro los profesores afectados por el cierre de este centro, dado que además de los de la plantilla orgánica hay interinos.
“No entendemos muy bien que se pongan sobre la mesa o que se prioricen intereses políticos, económicos o especulativos en detrimento de la educación pública en uno de los municipios más grandes de Cantabria y que precisamente tiene las ratios más altas en la educación pública”, han valorado desde el sindicato, que ha destacado, además, que este colegio tiene un proyecto educativo “consolidado” y una organización de comunidad educativa “muy fuerte y muy potente”.
De esta forma, han instado a la Consejería a “que negocie hasta la extenuación” para que “se respeten” los principios que rigen la cesión de ese colegio con la Fundación Barquín, y han avanzado que se pondrán en contacto con el resto de organizaciones sindicales de la Junta de Personal Docente para valorar si pueden establecer una lucha “conjunta” para intentar “desde todos los focos” buscar soluciones.
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