“La falta de alertas fue la sentencia de muerte; un aviso habría salvado vidas”, sostiene un informe
VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)
Un informe pericial solicitado por la asociación SOS Desaparecidos –que ha anunciado que se personará el próximo lunes como acusación particular en el juzgado de Catarroja (Valencia) en nombre de 70 víctimas mortales de la dana, representados por más 170 familiares, un tercio del total– advierte “omisiones graves” en la actuación de la Generalitat el día de la dana, que “falló en liderar y coordinar, causando pérdidas humanas evitables”.
Igualmente, afirma que “la no declaración de emergencia impidió evacuaciones y movilización de recursos”. “La falta de alertas fue de la sentencia de muerte; un aviso habría salvado vidas. El abandono municipal amplificó la tragedia”.
En un documento de 77 páginas, los peritos observan “el conjunto de factores y elementos que se han producido en la gestión, en particular, las decisiones o la ausencia de las mismas por parte de las administraciones, la existencia o inexistencia de los recursos de planificación obligatorios por parte de las administraciones locales, provinciales, autonómicas o estatales concernidas”.
El informe, consultado por Europa Press, realiza un análisis de la actuación de la Generalitat Valenciana y considera que el ‘president’, Carlos Mazón, “debía declarar la emergencia catastrófica, emitir alertas vía 112 y liderar a los municipios”. Sin embargo, habla de “omisiones graves”, ya que, según los peritos, hubo un “fallo en declarar emergencia”, puesto que “no asumió el mando único, dejando a Valencia en caos, no hubo avisos masivos, condenando a la población y no supervisó ni coordinó a los ayuntamientos”.
Asimismo, establece un “nexo de causalidad: la no declaración de emergencia impidió evacuaciones y movilización de recursos y la falta de alertas fue la sentencia de muerte; un aviso habría salvado vidas”.
En cuanto a la actuación de los ayuntamientos, aprecian “planes inactivos, inaccción y falta de colaboración”. “No se alinearon con la Generalitat” y “la ausencia de planes convirtió barrios en trampas mortales”. “La inacción local fue el golpe final”, añaden.
En conclusión, la Generalitat “falló en liderar, alertar y coordinar, causando pérdidas humanas evitables” y “los ayuntamientos traicionaron su deber, multiplicando víctimas”. “El nexo causal es irrefutable: estas omisiones mataron y dejaron desaparecidos”, se asegura en el informe.
Además, exponen que la cronología de los días anteriores a la dana –del 25 al 28 de octubre– “evidencia una ventana de oportunidad de al menos cuatro días en la que la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos pudieron actuar para salvar vidas”. “Una ventana –prosiguen– que se cerró con el silencio y la inacción, condenado a las víctimas a un destino que clama justicia”.
La pericial se refiere a la posible responsabilidad autonómica y, sobre esta cuestión, señala que la Generalitat “ex ante no ejerció un control efectivo sobre el cumplimiento de las normativas por parte de los municipios ni implementó acciones correctivas en cuanto a la disposición de verdaderas estructuras de Protección Civil y los correspondientes Planes de Emergencias Municipales y Planes Especiales contra Avenidas e inundaciones”.
Opinan los peritos que, desde que en fechas anteriores ya se advierte de que el 29 de octubre se iban a producir precipitaciones con aviso rojo por parte de la AEMET, “debió haber conformado el Cecopi y haber ejecutado la emisión de las alertas correspondientes, pues es la comunidad autónoma la institución responsable de lanzarlas”.
“El propio día 29, desde las ocho de la mañana la provincia de Valencia ya se está viendo afectada por unas graves inundaciones aguas arriba en Requena y Utiel, retransmitidas incluso en directo por la televisión pública, pues bien, el aviso centralizado a la población ES-Alert no se produjo hasta después de las 08:00 pm, horas nocturnas, con consejos poco específicos sobre medidas a adoptar y cuando ya se habían producido las desapariciones y la mayoría de los fallecimientos”, recuerda.
También reprocha su actuación a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ante lo ocurrido en Letur, que “siendo como es un municipio que en aplicación de la legislación y normas autonómicas, debe contar con un eficaz plan de prevención y respuesta ante avenidas e inundaciones”. “Nadie avisó a la población, nadie acudió con antelación para garantizar la movilidad de las personas (es un municipio de 900 habitantes) a zonas seguras, las consecuencias fuero seis desaparecidos cuyos cadáveres fueron localizados en los días siguientes”, lamenta.
“GESTIÓN PROFESIONALIZADA”
El informe “pone en evidencia la urgente necesidad de una gestión profesionalizada y eficaz de las emergencias en los municipios de la Comunitat Valenciana y otros afectados” y califican de “imprescindible llevar a cabo una investigación exhaustiva por órgano judicial para determinar las responsabilidades de las personas físicas vinculadas a las administraciones públicas e instituciones implicadas en los hechos”.
El informe incluye la propuesta de práctica de pruebas, entre ellas la realización de un reconocimiento aéreo para obtener una visión global del área; la remisión por parte de las autoridades competentes de los planes municipales de emergencias y planes especiales de los municipios afectados; actas, informes y comunicaciones internas de los órganos de emergencia y protección civil durante el evento investigado; grabaciones de las reuniones y comunicaciones oficiales mantenidas en el marco del Cecopi y registros de órdenes y decisiones adoptadas por los responsables de la emergencia.
Asimismo, sugieren el interrogatorio, en calidad de testigos, del ‘president’ Carlos Mazón, responsables de la Diputación de Valencia, de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, alcaldes de los municipios afectados, técnicos responsables de los planes de emergencia municipales y autonómicos, para valorar la implementación de las medidas previstas y todos los que participaron, presencial o telemáticamente, en las reuniones del Cecopi, con el fin de esclarecer las decisiones adoptadas y su ejecución.
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