Achacan la muerte de la educadora social en un piso tutelado a “la negligencia de empresas, fundaciones y de la Administración”
SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)
Unas 70 personas han participado este viernes en Santander en la concentración convocada por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) y el Colegio Profesional de Educación Social de Cantabria (Copescan) para lamentar el asesinato de su compañera en Badajoz y para denunciar también “precariedad” laboral e “inseguridad” en centros de la región y de todo el país.
“Esta muerte se ha producido por la negligencia de las empresas y fundaciones pero también de la Administración, que es la que tiene que obligar a que se cumplan con los pliegos de contratación y a no precarizar las condiciones”, han señalado desde el sindicato y la entidad colegial.
Entre las “deficiencias y dificultades” que han puesto de manifiesto figuran la falta de personal, turnos nocturnos o de fin de semana con una sola persona trabajando, no contratación de personal especializado -como es el caso de profesionales de la educación social- o el incumplimiento de las ratios establecidas, además de la “enorme diferencia” entre las condiciones en los centros públicos y en los privados concertados.
También han criticado la ausencia de respuesta a las solicitudes de reunión realizadas “mucho antes de este trágico suceso” a la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, y a la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, para abordar los problemas y dificultades de estos trabajadores.
En la protesta, que se ha llevado a cabo en la calle Castelar, frente a la Consejería que también gestiona Juventud, Familias e Igualdad, portavoces CCOO y Copescan han trasladado el pésame a familiares de Belén Cortés, la educadora social que murió el pasado domingo presuntamente a manos de los menores a los que asistía en un piso tutelado de Badajoz.
CULPA DE LA ADMINISTRACIÓN
La secretaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Conchi López, ha dicho que este fallecimiento ha sido “por culpa de las negligencias de empresas, fundaciones y administración”, ya que esta última debe obligar a las anteriores a que cumplan los contratos, y espera que lo ocurrido sirva para concienciar y movilizar de cara a solventar los “muchos problemas” de un sector “oscuro y opaco”.
Por su parte, la presidenta de Copescan, Irene Maestro, ha precisado que reclaman más educadores sociales y psicólogos, así como un incremento de plazas y categorización de la treintena de centros que hay en la región, en los que ha admitido incidencias y agresiones, aunque no “graves”, y que en cualquier caso se saldan con “muy poquitas” denuncias.
En este punto, ha considerado que no se puede “criminalizar” a los menores, pues muchos de ellos tienen importantes dificultades socio familiares, otros acarrean problemas de consumo de estupefacientes y algunos son ‘menas’ (menores no acompañados), aunque “los menos”, como ha precisado la sindicalista.
“No queremos poner el foco en el discurso racista sino en la negligencia de las distintas administraciones”, ha aclarado López, para referirse a la organización de los recursos humanos de las empresas y lamentar que la consejera del ramo no les haya recibido tras la petición realizada en enero para abordar estos problemas, que son “problemas políticos”.
REVISIÓN PLIEGOS DE CONTRATACIÓN Y ORDEN DE CATEGORÍAS PROFESIONALES
Así, cree que hay que hacer una revisión de los pliegos de contratación y de la orden que “rebaja” las categorías profesionales, porque -ha defendido- los menores que están en estos centros “lo que necesitan” son educadores sociales y psicólogos, además de que haya “coordinación” con las administraciones educativa y sanitaria.
Al hilo de lo anterior, López ha señalado que los profesores de los centros educativos públicos de la región -donde también están escolarizados estos menores- tienen “muy poca formación” en la materia, a lo que se suma la ausencia de “líneas o ejes de comunicación” entre esta consejería y la de servicios sociales.
“Si un profesional está bien en su trabajo, eso va a repercutir en el bienestar del menor”, ha resumido de su lado Maestro, para poner el foco en “el interés superior del menor” y preguntarse “cómo van a tener estos menores unas personas de referencia cuando sus condiciones laborales son malas y precarias”.
De esta forma, la presidenta de Copescan han insistido en la necesidad de contar con educadores sociales y personal especializado: “No podemos decir que en la pandemia éramos personal esencial y luego somos profesionales de segunda, de tercera o de cuarta”, ha zanjado.
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