MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, pidió este viernes “no sobrerreaccionar” ante los anuncios de aranceles que llegan desde Estados Unidos, como el del 200% al vino y a las bebidas alcohólicas, y abogó por “esperar a ver cuáles son las medidas que finalmente se ponen sobre la mesa”.
El ministro se mostró abierto a seguir negociando con Estados Unidos, que es “el principal socio comercial”, pero advirtió de que se tomarán las medidas necesarias ante acciones que se consideren “injustas” para los productores e industrias europeos.
“Desde la Unión Europea, lo que se hace es responder de manera directa y proporcional”, apuntó en declaraciones a los medios en un acto organizado por la Asociación Española de Banca (AEB), en el Auditorio Rafael del Pino, en Madrid.
GASTO EN DEFENSA
Cuerpo aseguró que España cumplirá con sus objetivos en defensa y también con el incremento del gasto social. Al hablar de la financiación del aumento de la inversión en seguridad, el ministro señaló que tiene un componente europeo y otro nacional y que, en cualquier caso, el país “tiene que estar a la altura”.
Para ser capaz de afrontar esos compromisos, el titular de Economía señaló que España tiene que seguir creciendo, ya que esto es lo que ha permitido en los últimos años “ir aumentando progresivamente” el gasto en defensa y en escudo social.
“Eso es lo que se prevé que siga pasando hacia adelante, que sigamos creciendo y, por lo tanto, teniendo esa capacidad de seguir incrementando nuestro gasto, reforzando esa pata de seguridad, pero sin renunciar, sin que venga a costa de nuestro gasto y nuestro refuerzo en materia social y de protección de nuestro escudo para ciudadanos y para empresas”, insistió.
Aunque España carece de presupuestos generales del Estado (PGE) para este año, el ministro aseguró que el gasto en defensa ha seguido creciendo. No obstante, señaló que el Gobierno sigue en conversaciones “para tener los presupuestos ajustados”.
En cuanto al componente europeo, Cuerpo señaló que la defensa y la seguridad deben entenderse como un “bien público europeo”, por lo que su financiación debe contar con una “dimensión europea”.
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