Los procedimientos de ejecución hipotecaria rompen la tendencia a la baja y crecen un 9,8%
VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)
El número de concursos presentados ante los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana en 2024 fue de 7.117, lo que supone un incremento del 29,9% respecto a los 5.478 contabilizados un año antes, según recoge el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público este viernes.
Estos datos sitúan a la Comunitat como la cuarta del país en esta estadística, por detrás de Cataluña, con 14.034, Madrid, con 9.237 y Andalucía, con 8.791.
A la hora de realizar la comparativa entre los dos últimos años ha de tomarse en consideración que los plazos procesales estuvieron suspendidos en la provincia de Valencia entre el 30 de octubre y el 2 de diciembre del pasado año a causa de la dana.
La mayor parte de los 7.117 concursos presentados el pasado año, en concreto 6.099, corresponde a personas naturales sin actividad empresarial, que crecieron un 36,4% respecto a los 4.471 de 2023.
Los concursos de personas jurídicas sumaron 735, por lo que aumentaron un 2,9% en relación a los 714 del año anterior, mientras que los de personas naturales empresarios, 283, sufrieron un descenso interanual del 3,4%, respecto a los 293 registrados entre enero y diciembre de 2023.
Estas cifras sitúan a la Comunitat Valenciana como la cuarta autonomía del país con mayor número de concursos sumadas todas las modalidades, por detrás de Cataluña, con 14.034, Madrid, con 9.237 y Andalucía, con 8.791.
Por provincias, en la de Valencia se presentaron un total de 3.532 concursos en 2023, frente a los 2.907 de 2023. En Alicante fueron 2.863, cuando un año antes ascendieron a 2.033, y en la de Castellón se registraron 722, por los 538 de 2022.
LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS SUPERAN LAS 3.400
Por su parte, el número de procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados en la Comunitat Valenciana durante el pasado año fue de 3.403, un 9,8% más que las 3.100 de 2023. Se rompe así la tendencia a la baja en este dato que se venía apreciando desde 2022.
En términos absolutos, Andalucía fue el territorio donde se presentaron más (5.519), seguido por Cataluña (4.491) y la Comunitat Valenciana, que es a su vez la segunda del país en términos relativos, con 63,5 ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes, solo superada por Murcia, con 78. Por provincias, se presentaron 1.627 en Alicante, 1.445 en Valencia y 331 en Castellón.
Por su parte, el número de lanzamientos practicados durante el ejercicio analizado se situó en 3.610 en la Comunitat Valenciana, lo que implica un descenso del 6,7% en relación con los 3.869 practicados el año anterior.
Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y, en el caso de éstas, no solo a la vivienda habitual. Del total de los practicados, 2.517 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), esto es, un 5,8% menos que en 2023, cuando se produjeron 2.673. Otros 915 se derivaron de ejecuciones hipotecarias, lo que significa una reducción interanual del 12,7% respecto a los 1.049 de 2023. Los 178 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas y aumentaron un 21%.
Cataluña –con 7.381, el 26,8% del total nacional– fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía, con 4.027; la Comunitat Valenciana y Madrid.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de impago de alquiler, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 5.539, seguida de Andalucía (2.712), Comunitat Valenciana y Madrid (2.317).
Los primeros puestos en cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias los ocupan Cataluña, con 1.121; Andalucía, con 994; Comunitat Valenciana y Murcia, con 423. Por provincias, en la de Alicante los lanzamientos practicados fueron 1.572, 1.617 se registraron en la provincia de Valencia y 421 en la de Castellón.
DEMANDAS POR DESPIDO
En 2024 se registraron en los Juzgados de lo Social valencianos 21.754 demandas por despidos, un 23,7% más que las 17.590 de un año antes. Por provincias, en la de Valencia se presentaron 13.287 demandas por despido y en la de Alicante, 6.631. Las restantes 1.836 se registraron ante los órganos judiciales de la provincia de Castellón.
Además, se contabilizaron en esta jurisdicción 12.445 reclamaciones de cantidad, apenas un 1,4% menos que las 12.617 de 2023. De ellas, 6.948 se presentaron en la provincia de Valencia, 3.934 en la de Alicante; y 1.563 en Castellón.
Por su parte, los procedimientos monitorios presentados entre enero y diciembre de 2024 en los Juzgados de Primera Instancia y los de Primera Instancia e Instrucción de la Comunitat Valenciana ascendieron a 128.998, un 6% más que un año antes, cuando se contabilizaron 121.657. Del total, 65.764 se presentaron en la provincia de Valencia, 50.467 en la de Alicante y 12.767 en la de Castellón.
Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE MICROEMPRESAS
En 2023 empezaron a recogerse por primera vez datos de los procedimientos especiales de microempresas. Se trata de procedimientos relacionados con las situaciones concursales o preconcursales a través los cuales las empresas podrán acogerse a un procedimiento especial de reestructuración o liquidación simplificada siempre y cuando hayan empleado una media de menos de diez trabajadores, hayan tenido un volumen de negocio anual inferior a setecientos mil euros o tengan un pasivo inferior a trescientos cincuenta mil euros, según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud.
En 2024 se presentaron en los juzgados mercantiles de la Comunitat Valenciana 487 procedimientos de esta clase, frente a los 114 presentados entre enero y diciembre de 2022.
Por otro lado, durante 2024 ingresaron en los órganos judiciales valencianos 391 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, 12 más que un año antes, lo que equivale a un incremento en términos porcentuales del 2,6%.
Estos procedimientos civiles se refieren a aquellos casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social, que se ven privados de la posesión de la vivienda. Por provincias, 220 se registraron en la de Alicante, 111 en la de Valencia y los restantes 60 lo hicieron en la provincia de Castellón.
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