MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 regulará los algoritmos que utilizan las empresas para personalizar precios y publicidad y lo hará obligando a que los parámetros que usan estos algoritmos sean “transparentes y accesibles” para las personas consumidoras.
Así lo anunció el ministro Pablo Bustinduy durante su intervención en la inauguración del acto ‘Derechos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito digital’, organizado por su departamento coincidiendo con el Día Mundial de las Personas Consumidoras, que se conmemora este sábado, y en la que también avanzó que se prohibirá que cualquiera de estos parámetros sea “discriminatorio o explote situaciones de urgencia o necesidad”.
Por otro lado, las empresas no podrán variar los precios que se personalicen de forma automática durante todo el proceso de compra, con el objetivo de evitar que las personas consumidoras sientan la “presión” de tomar decisiones “apresuradas” por la “incertidumbre” de las variaciones.
De esta manera, desde Consumo se pretende facilitar información útil a las personas consumidoras para que eviten posibles prácticas “discriminatorias o engañosas” y también se busca una “mayor concienciación” sobre el uso de datos personales y un “mayor control sobre la privacidad”.
En este sentido, Bustinduy explicó que su gabinete “va a desarrollar las herramientas narrativas necesarias para que las empresas tengan que explicar los parámetros que tienen en cuenta los algoritmos a la hora de personalizar precios y publicidad y a prohibir la utilización de aquellos parámetros que resulten discriminatorios”.
REGULACIÓN MÁS ESTRICTA
En la misma línea, aseveró que el hecho de que una herramienta que, subrayó, “tiene un impacto tan importante en nuestras vidas, en nuestras percepciones, en nuestros comportamientos, no sea sujeta de una regulación más estricta, es algo que resulta a la vez peligroso en incomprensible”.
“Porque, en ausencia de reglas claras, en ausencia de transparencia, los algoritmos van a seguir funcionando, van a seguir determinando muchas de nuestras transacciones y de nuestras relaciones económicas y sociales en el día a día sin que exista la capacidad de control democrático, de garantías y, por tanto, de ofrecer transparencia y protección en el entorno digital”, apostilló.
Bustinduy puntualizó que, a partir de ahora, “si una empresa o una plataforma está utilizando información para personalizar el precio de un bien o servicio que se nos ofrece y está obteniendo un beneficio económico con ello, tenemos el derecho a saber qué información están utilizando y por qué” y confirmó que el Ministerio de Consumo “va a hacer que ese derecho sea reconocido por la ley”.
En este contexto, su cartera reivindicó que estas medidas “continúan” el trabajo realizado durante la dana del pasado mes de octubre, cuando prohibió que la personalización de precios derivara en incrementos de precios cuando se producían picos de demanda en contextos de urgencia, riesgo o necesidad.
A este respecto, Bustinduy reiteró durante su intervención que “ningún modelo de negocio puede sustentarse sobre la vulneración de derechos”, al tiempo que juzgó “necesario democratizar las relaciones económicas, construyendo alternativas, con el objetivo de llegar a tener intercambios justos, transparentes y en igualdad de condiciones”.
TRANSPARENCIA
Además, el ministro se centró en las relaciones de consumo que se establecen en los entornos digitales, insistiendo en que debe garantizarse la transparencia dentro de este ámbito y el derecho de las personas consumidoras a una información “clara y veraz”.
El evento también contó con una intervención a través de vídeo del responsable de Trust and Safety de Bluesky, Aaron Rodericks, e incluyó una mesa redonda en la que participaron el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán; el secretario del consejo de la CNMC, Miguel Bordiú; la directora general de Confianza Online, Tiziana Tallaro y la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Ana Caballero.
Precisamente, Caballero leyó un manifiesto en el que el CCU propone un Pacto de Estado en defensa de los derechos digitales y medidas como la prohibición de las conductas comerciales que interfieran en la capacidad de decisión de las personas, la limitación del uso indebido de datos personales, actuaciones para mejorar la accesibilidad y herramientas y dotación de autoridades para la supervisión y el control del entorno digital. El evento será clausurado por el director general de Consumo, Daniel Arribas, quien, en su intervención, incidirá en la necesidad de que todos los agentes que operan en la economía digital “participen” de la “protección” y en la “defensa efectiva de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en este ámbito”, según adelantó Consumo.
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