MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha apelado a la toma de conciencia de administraciones públicas y entidades empresariales para crear un entorno de consumo seguro e inclusivo que permita a las personas con discapacidad acceder a productos y servicios en igualdad de condiciones y con plenas garantías.
El CERMI, coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, ha subrayado que la inclusión en el consumo no solo es un derecho, sino también una herramienta para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad.
“Nuestro objetivo es garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a productos y servicios sin barreras, ejerciendo sus derechos como consumidoras de manera plena y sin ningún tipo de discriminación”, ha señalad Imelda Fernández, vicepresidenta del CERMI y presidenta de su Comisión de Consumo Inclusivo.
El CERMI pone el foco en tres normativas clave que marcarán un avance fundamental en la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito del consumo. En primer lugar, el Real Decreto sobre etiquetado accesible, cuyo objetivo es garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a información sobre productos de consumo de especial relevancia para la protección de su seguridad, integridad y calidad de vida. Se espera que este reglamento se apruebe en junio de 2025, lo que representará un gran paso hacia la accesibilidad universal en el ámbito del consumo.
Otra iniciativa es la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que debe garantizar la accesibilidad y el trato digno a las personas con discapacidad en todos los canales de atención al cliente, incorporando alternativas de acceso, como, por ejemplo, asistentes virtuales con voz sintetizada, videointerpretación en lengua de signos, pictogramas o la interacción mediante comunicación aumentativa y alternativa, entre otras.
Por último, el CERMI resalta también la necesidad de adoptar cuanto antes la Ley que crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, ante la necesidad de garantizar la accesibilidad de los servicios de atención a la clientela y, en general, de los productos, bienes y servicios de consumo.
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