Llaman a las administraciones a “reflexionar sobre el estado del sector” y a no “estigmatizar” a los menores del sistema de protección
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)
Cientos de educadores sociales se han concentrado este jueves en varias localidades gallegas, entre ellas Santiago, A Coruña y Ourense, en memoria de su compañera asesinada el lunes en un piso tutelado Badajoz por tres menores de edad –que fueron detenidos– y en apoyo a sus allegados.
El Colexio de Educadores Sociais de Galicia (CEESG) ha convocado a las 12.00 horas estas acciones reivindicativas, que han estado secundadas por universidades y sindicatos, y en las que también se han mantenido un minuto de silencio.
Así, el colectivo profesional ha trasladado públicamente su pésame a la familia y a los compañeros de Belén, al tiempo que ha hecho un llamamiento para “reflexionar sobre el estado del sector”, con una “falta de recursos técnicos y económicos”, y de “las personas” que trabajan en él.
En este sentido, el Colexio de Educadores Sociais rechazan las informaciones y voces que “estigmatizan a las niñas y niños” que están en el sistema de protección y que “confunden los centros de medidas judiciales con los centros de protección”.
Con estas acciones reivindicativas, el CEESG exige a las administraciones “una evaluación exhaustiva de los recursos existentes para evitar que tragedias como la ocurrida en Badajoz se repitan”, así como la implementación de medidas “que refuercen tanto la seguridad como la calidad del trabajo de las profesionales”.
UNA LEY BÁSICA ESTATAL
A estas peticiones, el sindicato UGT suma la reclamación de una ley básica estatal que “acabe con este problema” de precariedad laboral en la educación social, un sistema en el cual “la sobrecarga de trabajo”, los “bajos salarios” y la “desprotección” son lo habitual.
En un plano más amplio, esta organización exige “a todos los niveles” de la administración pública que tienen competencias en servicios sociales que garanticen “de manera estable” la financiación y unas condiciones laborales “dignas”, independientemente de que los centros de trabajo sean de gestión pública directa o mediante una concesión.
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