MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Organizaciones de Derechos Humanos se han mostrado “preocupadas” ante la propuesta de Bruselas de devolver a un tercer país a personas migrantes que se encuentren ilegalmente en la Unión Europea (UE).
“Lo que la UE propone es otro intento más de alejarse de políticas migratorias y de asilo basadas en derechos, continuando con la tendencia de externalización, que ha sido un fracaso absoluto -como demuestra el reciente acuerdo entre Italia y Albania- y que ha provocado un sufrimiento interminable, violaciones y muertes”, han asegurado 18 organizaciones euromediterráneas, entre las que se encuentran las españolas Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) e Irídia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos.
Así lo han puesto de manifiesto después de que este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreciera finalmente a los gobiernos europeos el encaje legal necesario para replicar el modelo del Gobierno italiano de Georgia Meloni para externalizar los centros de deportación a terceros países. Si bien, Bruselas establece una línea roja para que ningún migrante sea trasladado a esas instalaciones fuera de la UE hasta que se haya dictado una orden definitiva de expulsión.
La propuesta afirma que el sistema deberá incluir “fuertes condiciones de protección” para los retornados, por ejemplo que exista una orden de expulsión definitiva y que los acuerdos “bilaterales o a nivel europeo” para establecer los centros de deportación sólo puedan firmarse con países que “respetan los estándares internacionales” en materia de Derechos Humanos y Derecho internacional, incluido el principio de no devolución por el que las devoluciones ilegales son ilegales.
Con esta propuesta, la Comisión quiere revisar la directiva de Retorno que data de 2008 y considera obsoleta para agilizar las expulsiones de migrantes que llegan a la Unión Europea de manera irregular y no obtienen la protección de refugiado o asilado.
Para los firmantes, el concepto de “tercer país seguro” y “país de origen seguro” contradice el espíritu de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece la necesidad de un examen individual de cada solicitud de asilo. “Cada situación personal es única, y ningún país está exento de fallar en la protección de los derechos individuales o de cometer violaciones de derechos humanos”, subrayan.
En este sentido, indican que muchos de los países que la UE considera “seguros” y con los que ha firmado recientemente acuerdos para frenar la migración -como Túnez, Líbano y Egipto-, “el contexto de derechos humanos y estado de derecho está empeorando rápidamente”.
En declaraciones a Europa Press, la directora general de CEAR, Mónica López, ha asegurado que la propuesta de Bruselas les parece “otra vuelta de tuerca más en la disminución de las garantías y de la protección de los derechos humanos en Europa”.
Preguntada sobre la manera en la que tendrían que llevarse a cabo estas devoluciones dado el caso, López ha recalcado que deberían ser “con el respeto absoluto a los procedimientos que garantizan los derechos de las personas migrantes, que son procedimientos que ya existen”, así como con el monitoreo de organizaciones de la sociedad civil. “Al final, es la norma que regula cualquier país europeo las políticas migratorias y que tienen que garantizar el cumplimiento de los derechos humanos”, ha subrayado.
Por su parte, Accem ha señalado en declaraciones a Europa Press que las devoluciones, “se deben realizar desde el territorio de la UE a los países de origen, no externalizando la gestión de los retornos”.
En este sentido, la ONG considera que el establecimiento de centros en terceros países donde se pudiera internar a las personas mientras se realice su devolución efectiva es contraria a la normativa europea de Derechos Humanos, dado que “no asegura una devolución con garantías”.
ACCEM PIDE “VÍAS LEGALES Y SEGURAS”
“Desde Accem mostramos nuestra preocupación ante las informaciones en relación al proyecto de reglamento común de retorno. La política europea en esta materia debe ir encaminada a garantizar los derechos de las personas. Para que esta política sea efectiva deben establecerse previamente vías legales y seguras para que las personas con necesidades de protección puedan llegar de forma segura. De esta forma se reducirían las llegadas irregulares y se garantizarían las necesidades de protección”, ha apuntado.
Por otro lado, el Servicio Jesuita Migrante ha dicho en declaraciones a Europa Press que se opone a la externalizacion de fronteras como herramienta de gestión de la migración. También ha mostrado “preocupación” por que la propuesta de Bruselas implique el aumento de la detención de las personas migrantes y ha añadido que en los procesos acelerados de retorno “difícilmente se garantizan los derechos de las personas ni se identifican adecuadamente situaciones de vulnerabilidad”.
Mientras, el sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) ha tildado de “aberrante” la propuesta de Bruselas y ha agregado que le “preocupa especialmente”, la posibilidad de abrir centros de detención en países terceros para personas deportadas desde la UE.
Para CCOO este plan es “la muestra del acercamiento de una CE conservadora hacía posiciones de la extrema derecha, con el reconocimiento de parte de su discurso sobre la migración como una cuestión de orden público”. También ha recalcado que es “llamativo” que “para la CE sólo exista la inmigración irregular; pero no se haga nada por el reconocimiento de la migración regular ya existente en la UE o de la migración que la UE requiere y va a requerir para desarrollar todo su potencial económico, laboral y cultural”.
El sindicato ha exigido el desarrollo de una “política real y realista” de migración laboral en y para la UE con una gestión “eficaz” -con participación de los agentes sociales -desde el origen-, teniendo en cuenta también a los países de tránsito y con una aproximación multilateral sobre las previsiones del Pacto Mundial de Naciones Unidas para una Migración “legal, segura y ordenada”. “Debe ser un enfoque que asuma de una vez las migraciones como una realidad social y laboral a la que hay que dotar de vías legales efectivas y seguras hacia la UE”, ha concluido.
Von der Leyen ya prometió en diciembre a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que sus servicios buscarían la “mejor manera de introducir en el marco jurídico” el establecimiento de los ‘hubs’ en países terceros, teniendo en cuenta tanto su dimensión legal como la operativa y financiera, “respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales”.
Este formato fue defendido por una gran mayoría de países como una “solución innovadora” para acelerar los retornos, aunque algunos como España dejó claro que no ve con buenos ojos esta opción, por dudas sobre su eficacia y su legalidad.
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