Aseguran que el sector está “precarizado, feminizado y poco reconocido”
BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (Ceesc) ha convocado movilizaciones en las principales ciudades de Catalunya este miércoles tras el asesinato de una compañera en un piso tutelado de Badajoz (Extremadura) la noche del domingo y alerta de que el 29,87% de los profesionales catalanes ha sufrido acoso o violencia en el trabajo.
El dato corresponde a un informe elaborado por el Ceesc que será presentado en abril, según ha informado la vocal del colegio, Patricia Sarrias, en declaraciones a Europa Press este miércoles.
La vocal ha manifestado que, cuando conocieron la muerte de la educadora social en Badajoz se pusieron a disposición del colegio profesional de Extremadura, pero que cuando conocieron los detalles del fallecimiento –tres menores han sido detenidos como presuntos autores– decidieron que tenían que hacer algo “por Belén y por todas las Belenes” que trabajan en este sector.
Un sector que, según Sarrias, está “precarizado, feminizado y poco reconocido”, lo que repercute no sólo en la seguridad de los profesionales, sino también en el servicio que prestan.
Al ser “pocos y muy repartidos”, Sarrias ha valorado positivamente la asistencia a las movilizaciones en Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona y Tortosa.
400 PERSONAS EN BARCELONA
En Barcelona, según los datos del Ceesc, 400 personas aproximadamente se han concentrado en la plaça Sant Jaume en señal de repulsa por el asesinato y para pedir más seguridad.
Sobre si la situación de los trabajadores catalanes es similar a la de la fallecida en Extremadura, la vocal ha dicho que “hay centros de justicia juvenil y derechos sociales donde por la noche sólo hay un o una profesional”.
Esta “precariedad” provoca que haya rotación y abandono por parte de los profesionales, que deciden dejar el sector antes de asumir estas condiciones, ha señalado Sarrias.
Por todo ello, desde el Ceesc exigen medidas urgentes para garantizar la seguridad y el reconocimiento de su labor, así como un compromiso por parte de la Administración para dotar a los servicios sociales de los recursos necesarios para no seguir trabajando en condiciones de riesgo e invisibilización.
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