GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha exigido este martes a la Junta de Andalucía que “se deje ya de una vez por todas de ambigüedades” y actúe con “contundencia” para que, de manera conjunta, se pueda demoler la “totalidad” del hotel que se asienta en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) tras el inicio de los trámites por parte del Ministerio para la Transición Ecológica para hacerse con los terrenos y parte del edificio.
Así lo ha trasladado tras la publicación en el BOE de la resolución para declarar la utilidad pública de los terrenos que el inmueble de Azata del Sol ocupan sobre el dominio público marítimo-terrestre de cara a poder iniciar la expropiación de la mitad de los suelos y del hotel correspondiente a la zona de servidumbre en la que se asientan.
Fernández ha reclamado al Gobierno andaluz que afronte con “seriedad absoluta” este asunto y actúe mediante “hechos”, para lo que ve preciso que inicie también los trámites necesarios para la expropiación del hotel y los terrenos que este ocupa en el ámbito del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, de competencia autonómica, y así poder efectuar la demolición “en su totalidad” de esta “aberración urbanística”, según la ha calificado.
El Gobierno cifra en 16.432 metros cuadrados la superficie afectada por la servidumbre de protección del litoral a la que quiere acceder mediante la expropiación y que debe estar libre de edificaciones de uso residencial, esto es, poco más de la mitad de los 32.654 metros cuadrados de la parcela que, según Catastro, es propiedad de Azata del Sol.
La resolución recalca el doble pronunciamiento favorable de la Abogacía del Estado, los días 18 de octubre de 2024 y 10 de febrero de 2025, de cara a iniciar un nuevo procedimiento expropiatorio después de que se desistiera de esta vía en junio de 2009, ya que desde entonces “se han dictado sentencias que han incidido sobre la situación que justificó dicho desistimiento”.
En este sentido, señala la declaración de utilidad pública aprobada en Consejo de Ministros para poder iniciar la expropiación, tanto de los terrenos ocupados por la edificación como el propio inmueble “en la parte que invade la zona de servidumbre” –esto es, en los cien metros de anchura en el tramo litoral–, como la mejor vía para la “recuperación” de este espacio natural.
El Gobierno incide en que la Ley de Costas ampara al Estado como titular del dominio público marítimo-terrestre en aras de garantizar tanto su integridad física como su uso público, lo que le otorga una “potestad expropiatoria” de los terrenos que invade el hotel de acuerdo con el deslinde firme de 2005.
Si bien el proceso expropiatorio que se inició en julio de 2007 fue desistido dos años después, el Gobierno apunta que con posterioridad se han producido pronunciamientos judiciales que avalarían de nuevo esta vía de cara a derribar el hotel, entre ellos, las sentencias del Tribunal Supremo que confirmaban el deslinde y que declaraban “no urbanizable” los suelos en base al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
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