Confirma su “oposición”, dice que “no supone” que la mercantil pueda instalarse y le reclama informes autonómicos “que no ha recabado”
ALICANTE, 11 (EUROPA PRESS)
La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ha emitido un decreto en el que reconoce los efectos del silencio administrativo positivo en la licencia ambiental que solicitó XC Business 90 SL para instalar macrodepósitos de combustibles en el puerto de la ciudad. El consistorio toma esta medida “por imperativo legal”, tras la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que avaló dicho reconocimiento, al tiempo que insiste en su “firme oposición” al proyecto.
No obstante, en el mismo decreto se advierte a la mercantil que, antes del inicio y funcionamiento de la actividad, la explotación “deberá cumplir con todos los requisitos de seguridad y prevención exigidos en las normativas sectoriales en materia de medio ambiente, control de riesgos inherentes a accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como de afectación a la Red Natura 2000”. En este punto, le recuerda que “deberá obtener las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos de los órganos autonómicos competentes”.
En concreto, según ha explicado Urbanismo en un comunicado, el proyecto debe recabar evaluación sobre el plan de seguridad, el plan de emergencias, emisiones a la atmósfera, manejo de residuos peligrosos y la afección a espacios protegidos por la Red Natura.
Además de todas estas autorizaciones supramunicipales, tendrá que obtener por parte del Ayuntamiento de Alicante la licencia de obra mayor –que está en tramitación–. Al respecto, el consistorio ha avanzado que “será exigente con el cumplimiento máximo de los requisitos necesarios antes de emitirla”.
“BATALLA JUDICIAL”
En este contexto, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ha incidido en que el reconocimiento de la licencia ambiental “no supone en ningún caso que la empresa pueda instalar los depósitos en el puerto de Alicante”.
Asimismo, recalca que “sigue intacta la firme oposición del Ayuntamiento a la instalación de este centro de distribución de combustibles” y su propósito de “seguir plantando batalla desde todos los frentes posibles, incluido el judicial, para evitar que este proyecto llegue a ser una realidad”. Así, asegura que el Ayuntamiento tiene como “aliada” a la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) con un “frente común de rechazo” a los macrodepósitos.
Todos estos puntos los ha confirmado el vicealcalde de Alicante y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local celebrada este martes: “Vamos a acudir a todas las vías, tanto procedimentales como judiciales, que estén en nuestras manos para que eso –la instalación de los depósitos– no pueda producirse en el futuro. Dicho lo cual, lo que sí hemos hecho, como hacemos siempre, es respetar las resoluciones judiciales, las compartamos o no, y teníamos que ejecutar esa sentencia”.
RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL
En esta línea, Villar ha confirmado que los servicios jurídicos municipales siguen preparando “dentro del plazo” un recurso de amparo para presentarlo ante el Tribunal Constitucional (TC), al entender, como ya planteó en su recurso de casación ante el TSJCV –que fue inadmitido–, que este órgano jurisdiccional “no tuvo en cuenta en su sentencia la inconstitucionalidad del artículo de la ley autonómica que establecía dicho silencio positivo en licencias ambientales, decretada en 2022”.
Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento y la promotora XC Business 90 SL no han mantenido ninguna reunión sobre esta cuestión, al tiempo que ha recordado que el alcalde Luis Barcala comentó que el “requisito previo” para que eso suceda es que dicha empresa “renuncie a la instalación” de los macrodepósitos.
RECHAZO DE LA OPOSICIÓN
En reacción a la noticia, desde la oposición, la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, ha acusado a Barcala de “ponerse de perfil ante la posibilidad de que se instalen los macrodepósitos en el puerto tras haber concedido la licencia ambiental por imperativo legal en lugar de haber trabajado en una solución extrajudicial para tratar de llegar a un acuerdo con la empresa, evitando así la instalación industrial en esta zona”.
“El alcalde ha apurado hasta el último momento para no incurrir en un delito de prevaricación, pero ha tenido que otorgar la licencia. Lo preocupante es que el equipo de gobierno del PP limita el diálogo al ámbito judicial. Barcala no entiende otra forma de resolver cuestiones delicadas y complejas. Desde el grupo socialista le ofrecimos colaboración, pero ni ha querido hablar con nosotros ni con la empresa”, ha manifestado en declaraciones a los medios.
Barceló ha valorado que, en estos momentos, “es muy complicado que pueda encontrarse una solución limitándose a la vía judicial” y ha considerado que el futuro recurso del consistorio ante el TC “no es más que una excusa dilatoria sobre un problema que lo que requiere es diálogo y una solución política”. “Si ya hablan de cómo se van a controlar las obras es porque, irremediablemente, van a otorgar licencia para que la actividad se pueda desarrollar”, ha apuntado.
Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha calificado el reconocimiento de la licencia ambiental como una “triste derrota” para Alicante y ha señalado como “responsables” de que esto haya ocurrido “a los partidos políticos que han gestionado el Gobierno central y el municipal, así como el puerto, en los últimos años”. “Desgraciadamente hay una sentencia judicial y ninguna administración puede ir en contra”, ha indicado en declaraciones distribuidas por la formación.
Desde Compromís, la edil Sara Llobell ha asegurado que “el Ayuntamiento tendría que haber denegado esa licencia” y que así “no se tendría este problema”. “No puede ser que Barcala, por un lado, se haga vídeos diciendo que no va a permitir la instalación de macrodepósitos en el puerto y, por otro, otorgue la licencia ambiental”, ha agregado.
“No puede ser que un asunto tan grave y urgente y que afecta a la seguridad de todos los vecinos y vecinas, no solo de la zona sur, sino de toda la ciudad, esté en manos de la falta de obligación y de la incompetencia del Ayuntamiento por no contestar a la licencia”, ha insistido en un comunicado.
En esta línea, ha vuelto a pedir la convocatoria de la comisión municipal Puerto-Ciudad: “Esto no se puede alargar más, tiene que convocarse, que deje de poner excusas el alcalde y que se siente con el puerto y con los grupos de la oposición para hablar sobre este tema y dar explicaciones”.
De otro lado, EU-Podem ha mostrado su “más absoluto rechazo” a la decisión: “Aunque el equipo de gobierno trate de escudarse en una decisión judicial, la realidad es que existen precedentes en los que la administración no ha seguido a rajatabla las resoluciones judiciales cuando no le ha interesado”.
“Si el PP aplicara siempre las sentencias con la misma rapidez, hace años que el edificio Gemelos 28 de Benidorm estaría derribado, la urbanización Azalea Golf en el PAU 4 habría desaparecido, la zona acústicamente saturada (ZAS) del Centro Tradicional se habría declarado en el plazo de dos meses, la licencia del Algarrobico estaría revocada o el complejo de apartamentos del campo de golf El Plantío se habría demolido después de tres sentencias del Tribunal Supremo (TS)”, ha valorado la coalición en un comunicado.
En esta línea, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, cree que “el Ayuntamiento, en lugar de recurrir o explorar vías para frenar su implantación, ha optado por la sumisión absoluta a la decisión judicial, dejando claro que su prioridad no es el bienestar de la gente, sino el beneficio de unos pocos”.
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