MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Fundación Raíces ha denunciado la desaparición de A.A., un menor de 14 años de Gambia sobre el cual, hace un año, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas solicitó al Estado español que adoptara “medidas provisionales” para protegerlo, transfiriéndolo a un centro de protección de menores.
Según informa la fundación, el menor llegó a Las Palmas de Gran Canaria sin protección familiar con 13 años, en agosto de 2023, siendo posteriormente trasladado por las autoridades a la isla de Tenerife y a diversas provincias peninsulares, hasta quedar en la calle en Madrid en octubre de 2023, tratado como adulto pese a que portaba fotocopia de su documentación que acreditaba su minoría de edad.
Durante varios meses pasó la noche en albergues de pernocta y el día deambulando a la intemperie, hasta que una entidad, ante su evidente aspecto de niño, derivó su caso a la Fundación Raíces, ONG especializada en la defensa de los derechos de la infancia migrante sin protección familiar.
Según esta entidad, A.A. había solicitado su pasaporte en Gambia, antes de migrar, y a finales de 2023 recibió su pasaporte original y ese mismo día, acompañado por una letrada de Fundación Raíces, fue a la Embajada de Gambia en España, al objeto de que examinaran el citado pasaporte, sobre el que la Embajada certificó que “A.A., nació el 09 de Diciembre de 2009 en Fajikunda, Gambia” y “que el pasaporte es válido y auténtico”.
Inmediatamente después, Fundación Raíces lo puso a disposición de los Servicios de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid y esa misma noche el chico ingresó en un centro de protección de menores de la ciudad. Además, a las pocas semanas, Fiscalía solicitó un informe pericial a policía sobre la autenticidad del pasaporte, cuyo resultado concluyó que no existían signos de falsedad en el mismo. A pesar de esto, según la fundación, el Fiscal dictó Decreto de Mayoría de edad por albergar dudas de la fiabilidad de los datos.
Como consecuencia la Entidad Pública de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid, avisó al menor que cesaría la medida de protección y, el menor fue expulsado a la calle el 12 de febrero de 2024.
A.A., representado por Fundación Raíces, había solicitado 10 días antes a los Juzgados de Primera Instancia de Madrid la adopción de medidas cautelares de protección urgente y, ante la falta de respuesta, el 8 de febrero solicitó a la ONU su intervención, ante la inminente situación de abandono en la que se iba a quedar.
El 14 de febrero, ya expulsado del centro de protección, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas acordó las medidas cautelares solicitadas y con el fin de prevenir daño irreparable al niño, solicitó al Estado español que adoptara medidas provisionales para transferirlo a un centro de protección de menores mientras el caso se encontrara pendiente de examen ante el Comité.
Fundación Raíces trasladó la comunicación de la ONU a la Fiscalía de Menores de Madrid, a la Comisión de Protección a la Infancia de Madrid, al Juzgado de Primera Instancia y a la Comisión Interministerial de Coordinación en Materia de Tratados y otros Acuerdos Internacionales; dirigió escritos a varios Ministerios, al Defensor del Pueblo, a la Fiscalía General del Estado y al Delegado de Gobierno en Madrid, entre otros, a fin de que, cada una de ellas bajo el ámbito de su competencia, adoptase las medidas oportunas para otorgar la debida protección provisional al niño.
Si bien, la Fundación Raíces denuncia que “nadie adoptó la medida, nadie asumió la responsabilidad y la interpelación de la ONU a España” y “A.A. desapareció, agotado, en situación de desamparo como niño, sin poder ejercer ningún derecho como adulto y sin esperanza de que las autoridades españolas le protegieran adecuadamente en el corto o medio plazo”.
Según explica la entidad, el menor huyó de Madrid y tras un tiempo de “intensa” búsqueda, su letrada en Fundación Raíces consiguió comunicarse con él y este le dijo que había marchado a Francia con “la ayuda de un señor” y que estaba en una residencia de menores en Francia, “que no le buscara más”.
TEMEN QUE HAYA CAÍDO EN UNA RED DE EXPLOTACIÓN
Fundación Raíces señala que trató de confirmar este extremo, contactando con el sistema de protección a la infancia francés y a través de otros profesionales en el país galo pero, a fecha de hoy, no ha podido confirmar esa afirmación del niño.
Por ello, temen que haya caído en una red de explotación infantil ya que estas, en su modo de actuar, “presionan para enviar ese tipo de mensajes y cesar, así, la búsqueda del menor”.
La organización explica que, a pesar de que estos hechos fueron puestos en conocimiento de los tribunales solicitando que continuasen los procedimientos, que se declarase la validez de los documentos y se ordenara la protección de A.A., “tanto el Juzgado de Primera Instancia, como la Audiencia Provincial de Madrid, recientemente, han notificado a Fundación Raíces resoluciones que archivan el procedimiento”.
En concreto, según indica, la Audiencia Provincial de Madrid afirma que, procesalmente, era posible haber adoptado la medida cautelar en el procedimiento judicial iniciado hace ya más de un año.
En 2024, Fundación Raíces ha defendido los derechos de 108 niños y niñas que habían sido incorrectamente identificados como adultos por la Fiscalía e identificó a 75 niños y niñas en desamparo en la Comunidad de Madrid, la mayoría trasladados desde Canarias y los puso a disposición del Sistema de Protección de Menores.
Se trata de niños y niñas procedentes de Senegal, Guinea Conakry, Gambia, Camerún, Mali, República Democrática del Congo, Guinea-Bissau, Marruecos y Burundi, y de entre 14 y 17 años. En 27 de esos casos ya se ha reconocido que efectivamente eran menores de edad, según señala la fundación.
Además, en la actualidad, continúa defendiendo más de 60 procesos de determinación de la edad, ante la Fiscalía o ante los Tribunales.
Fundación Raíces recuerda que Naciones Unidas ya ha dictado 14 Dictámenes a favor de 14 menores de edad, en los que el Comité de Derechos del Niño considera que el procedimiento de determinación de la edad en España ha violado el derecho de los niños y niñas a preservar su identidad al atribuirles una fecha de nacimiento distinta de la suya propia, a pesar de que disponían de pasaporte original, de Certificado de Inscripción Consular, de Certificado de Autenticidad y/o de su Carta Nacional de identidad y que también se ha incumplido la obligación del Estado de proteger y asistir a estos niños y niñas.
La entidad recuerda que hace más de tres años, España se comprometió, como quedó reflejado en la Ley de protección a la infancia frente a la violencia (LOPIVI), a modificar el procedimiento de Determinación de la Edad. En este sentido, y aunque considera “llega dos años tarde” y que hay puntos que corregir en fase de enmiendas, Fundación Raíces ha celebrado que “al fin” una Ley de Evaluación de la Edad se encuentre en fase parlamentaria.
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