Pide que se acuerde la prórroga por seis meses de la instrucción para la práctica de más diligencias
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Madrid ha solicitado a la jueza Inmaculada Iglesias que declare en calidad de investigado el fiscalista de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y como testigo la economista que le asesoraba en la sociedad Maxwell Cremona en el marco de la causa en la que se investiga un presunto fraude fiscal.
Así consta en un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el fiscal pide que comparezca Javier Luis Gómez Fidalgo en calidad de cooperador necesario de los delitos fiscales que se instruyen en concurso con el delito de falsedad en documento mercantil.
En el texto, se detalla que Gómez Fidalgo es el autor y presentador de las autoliquidaciones por impuesto sobre sociedades de la mercantil Masterman & Whitaker de los ejercicios 2020 y 2021, una vez que esta empresa había sido adquirida en diciembre de 2020 por casi medio millón de euros por González Amador “pese a que la misma carecía de valor”, según informa la Agencia Tributaria en el informe detallado de delito.
De igual modo, el fiscal solicita que se tome declaración en calidad de testigo a María Blanca de la Encarnación López Crespo, la presentadora de las autoliquidaciones de Maxwell Cremona de los ejercicios 2020 y 2021.
A diferencia de Gómez Fidalgo, según el fiscal, “no hay indicios bastantes de criminalidad que justifiquen su imputación en este momento procesal, pero su testimonio sí puede aportar luz sobre la responsabilidad de los autores y partícipes del fraude, por lo que interesa el fiscal que se le reciba declaración en calidad de testigo”.
PRÓRROGA DE LA INSTRUCCIÓN
En otro punto del escrito, la Fiscalía solicita que a la vista de que la declaración del próximo 21 de marzo de las peritos se producirá más allá del plazo de doce meses fijado para la instrucción de la causa, resulta claro que “el interés público defendido por el Ministerio Fiscal precisa la prórroga del plazo de instrucción”.
En primer lugar, esgrime, por cuanto “del interrogatorio contradictorio de estas peritos pueden devenir necesarias la práctica de diligencias de instrucción que no cabe anticipar”. Y en segundo lugar, por ser necesaria, a juicio del fiscal, además la prórroga por seis meses de la instrucción para la práctica de más diligencias.
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