SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 (EUROPA PRESS)
La Federación Canaria de Municipios (Fecam) se ha reunido este miércoles en un comité ejecutivo para aprobar un conjunto de enmiendas a la ley de alquiler vacacional que se tramita en el Parlamento ya que ve con “preocupación” la posible falta de seguridad jurídica para los propietarios.
En un comunicado apela a que la norma sea “clara y precisa”, como es el caso de la actividad clasificada, al tiempo que apoya la “simplificación administrativa” y que haya “colaboración entre administraciones” en un modelo de “cogobernanza”.
Así, sobre la Disposición Transitoria Primera y la consolidación de las viviendas vacacionales, propone que los ayuntamientos antes de consolidar el uso verifiquen, a ser posible a través de medios informáticos, que la declaración responsable está vigente, una medida que tiene como objetivo simplificar, evitar duplicidades y garantizar que todas las viviendas vacacionales sean controladas antes de su consolidación.
En este sentido, desde los cabildos y ayuntamientos se ha aceptado una disposición adicional segunda en la que se establezca la obligación de realizar planes para la verificación de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas, en las que se analizará toda la documentación presentada y se realizarán las inspecciones en las viviendas.
Por otro lado, señala que el proyecto plantea que se extinga la habilitación de la vivienda vacacional cuando se transmita la vivienda y la Fecam propone que se permita la transmisión en los casos de fallecimiento o donación.
Acerca de la nueva disposición transitoria, los ayuntamientos están dispuestos a colaborar con la verificación en el cumplimiento de la normativa, acordándose de que apliquen un plan de comprobación y de control de viviendas vacacionales existentes en el plazo de cuatro años, suponiendo ello un “esfuerzo importante” para las administraciones locales ya que supondrá la revisión de decenas de miles de viviendas vacacionales.
MÁS DE UN 20% EN LAS ISLAS VERDES
Por ello, desde la Fecam se propone que, en el plazo de seis meses, se elabore una normativa que precise la aplicación de la normativa de actividades clasificadas para viviendas vacacionales, y mientras tanto, se suspenda la comprobación de las solicitudes presentadas ante los ayuntamientos.
La Fecam plantea también la modificación del artículo 4 de la ley solicitando que los ayuntamientos deben tener la libertad para fijar los topes en función de la situación de cada municipio, de igual manera que se regula el suelo industrial o el comercial.
Así, por ejemplo, se plantea que en los municipios afectados por la despoblación y la falta de actividad económica la vivienda vacacional sirve de “incentivo”, que en las ‘islas verdes’ se pueda fijar un techo más allá del 20% o que se prohiba en zonas turísticas donde existen planes parciales con parcelas turísticas y residenciales y oferta suficiente de viviendas vacacionales.
El cuatro y último aspecto tiene que ver con la modificación del régimen de la unidad de explotación en la que la Fecam propone que se dicte una norma transitoria que regule la situación de estos apartamentos desde que se den de baja hasta que se apruebe la nueva regulación de la Ley de Turismo, cuyos trabajos ya ha comenzado la Consejería.
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