MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
La Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de los Problemas de las Adicciones aprobó este martes, por 32 votos a favor y dos en contra, una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista en la que se insta al Gobierno a “reforzar” la protección de niños y adolescentes en el uso de productos digitales, que fue apoyada por el PP.
Entre otras cuestiones, el texto urge a “reforzar” la protección de niños y adolescentes en el uso de productos digitales, “limitando” los diseños o patrones destinados a que los usuarios dediquen “mucho más tiempo” a utilizarlos o hacerlo “con un mayor grado de compromiso del conveniente o saludable para ellos” así como a promover campañas de prevención de las adicciones tecnológicas, en especial en el ámbito escolar y a incluir la detección precoz del uso “abusivo” de las redes sociales en las estrategias preventivas de salud mental.
En su turno en defensa de la iniciativa, la portavoz socialista, Carmen Andrés, expresó la “preocupación” de su grupo parlamentario ante el “alto riesgo” que, a su juicio, supone para los derechos y las libertades de las personas y la integridad física y mental de los colectivos “especialmente vulnerables”, como los menores de edad, la exposición “prolongada” a patrones “engañosos y adictivos” en el tratamiento de datos.
En defensa de la enmienda presentada por su grupo, desde Sumar, Rafael Cofiño hizo referencia a la necesidad del diseño educativo de los servicios en línea y advirtió de la existencia de empresas que “utilizan esta manipulación digital”, en “muchos casos” para “erosionar con algoritmos nuestras democracias”.
Por el PP, el portavoz, José Manuel Aranda, defendió la enmienda de su grupo, que pretendía mejorar la redacción de la iniciativa, y alertó de los “riesgos y problemas” que tiene el uso de estos medios en la infancia y la adolescencia.
CONTENIDOS INAPROPIADOS
Tras indicar que, “en ocasiones”, el acceso a la tecnología es “también la puerta de entrada para unos contenidos inapropiados”, Aranda subrayó que la “idea” del PP es ” “garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos de los niños y fomentar un uso equilibrado” de Internet, entre otras medidas que recogía la enmienda de su grupo, que fue aceptada, al igual que la de Sumar.
Por último, desde Vox, Tomás Fernández hizo hincapié en la “incoherencia en la implementación y supervisión de las medidas” propuestas, consciente de que las “restricciones” que se puedan imponer a nivel nacional “podrían resultar completamente ineficaces si no se coordinan con otros países” y echó en falta mecanismos para “garantizar” que las plataformas “cumplirán con esas limitaciones” y un “plan integral que combine medidas preventivas, educativas y de apoyo psicológico” para abordar la prevención y tratamiento de los problemas de salud mental derivados del uso excesivo de las tecnologías.
MENORES VULNERABLES
Asimismo, recibió el respaldo de la comisión, por 20 votos a favor y 14 abstenciones, la proposición no de ley del PP relativa a la mejora de la prevención, la detención precoz y la asistencia integral y multidisciplinar de las adicciones en menores en situación de vulnerabilidad, que contó con el apoyo de Vox y que, según explicó la ‘popular’ María Lourdes Ramírez, insta al Gobierno a incluir en la próxima Estrategia nacional sobre adicciones medidas “efectivas” para mejorar la prevención, la detección precoz, con una “mejora” de los protocolos en centros escolares, servicios sociales y centros de menores, y la asistencia integral de las adicciones en menores en situación de vulnerabilidad, garantizando un abordaje “coordinado” entre servicios sanitarios, educativos y sociales.
“La falta de recursos es evidente y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado agrava la incertidumbre y limita la puesta en marcha de actuaciones”, aseveró, convencida de que “está demostrado que la intervención temprana y la detección precoz funcionan” y de la necesidad de “asegurar una aplicación homogénea en todo el territorio” de estas medidas.
Vox presentó una enmienda, que fue aceptada, y que, según precisó Francisco José Alcaraz, abogaba por establecer un sistema de evaluación y medición de los resultados “con indicadores de impacto específico para cada tipo de intervención”.
Desde Sumar, Rafael Cofiño reivindicó el trabajo de una “red tupida de profesionales trabajando codo a codo junto a las administraciones para proteger a los menores en su relación con internet” y destacó el “papel” de las comunidades autónomas en el desarrollo de programas y servicios de atención.
Por último, por el PSOE, el senador Kilian Sánchez afeó que, pese a que el PP “reconoce” que las competencias en el desarrollo de los programas y los servicios en atención a las diferentes adicciones “son de las comunidades autónomas”, el “denominador común” en “todas” sus proposiciones no de ley “habla de financiación”.
“El PP, junto con Vox, en la mayoría de las comunidades autónomas en las que gobiernan, son conscientes de que tienen la herramienta de la ejecución, tienen la competencia de la ejecución, pero siempre lo que vienen a reclamar al Estado es la financiación, pero cuando tienen la oportunidad de beneficiarse de la quita de la deuda plantean su voto contrario”, criticó, al tiempo que pidió “coherencia” a los ‘populares’.
ABORDAJE INTEGRAL DE ADICCIONES
Asimismo, por 32 votos a favor y 2 abstenciones, salió adelante una proposición no de ley del PP relativa al incremento de los recursos destinados a la prevención y al abordaje integral y equitativo de las conductas adictivas, con la que, según la portavoz ‘popular’, Antonia López, se trata de “recordar” al Gobierno su obligación de “garantizar” que la próxima estrategia nacional sobre drogas recoja “acciones novedosas” dirigidas a la población más vulnerable y con el incremento presupuestario que “haga posible que todos los actores que trabajan incansablemente en la lucha contra las adicciones las puedan poner en práctica”.
En defensa de la enmienda presentada por su grupo, la socialista Emilia Almodóvar puntualizó que las comunidades autónomas “son competentes en el desarrollo de los programas y los servicios de atención a las diferentes adicciones y las que velarán por adaptar las necesidades concretas y los cambios que se producen en su territorio” y subrayó que dicha enmienda “refleja esas competencias y esa coordinación y colaboración” entre Ejecutivo y autonomías.
En la misma línea, desde Sumar, Rafael Cofiño urgió a las comunidades a realizar una “mejor” gestión de los fondos recibidos y, por último, desde Vox, Francisco José Alcaraz valoró que la proposición no de ley “se centra en no normalizar determinados consumos que son perjudiciales para la salud” y también “hace muchísimo hincapié” en la necesidad de contar con recursos de investigación.
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