Confirma su “oposición”, dice que “no supone” que la mercantil pueda instalarse y le reclama informes autonómicos “que no ha recabado”
ALICANTE, 11 (EUROPA PRESS)
La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ha emitido un decreto en el que reconoce los efectos del silencio administrativo positivo en la licencia ambiental que solicitó XC Business 90 SL para instalar macrodepósitos de combustibles en el puerto de la ciudad. El consistorio toma esta medida “por imperativo legal”, tras la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que avaló dicho reconocimiento, al tiempo que insiste en su “firme oposición” al proyecto.
No obstante, en el mismo decreto se advierte a la mercantil que, antes del inicio y funcionamiento de la actividad, la explotación “deberá cumplir con todos los requisitos de seguridad y prevención exigidos en las normativas sectoriales en materia de medio ambiente, control de riesgos inherentes a accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como de afectación a la Red Natura 2000”. En este punto, le recuerda que “deberá obtener las autorizaciones e informes sectoriales preceptivos de los órganos autonómicos competentes”.
En concreto, según ha explicado Urbanismo en un comunicado, el proyecto debe recabar evaluación sobre el plan de seguridad, el plan de emergencias, emisiones a la atmósfera, manejo de residuos peligrosos y la afección a espacios protegidos por la Red Natura.
Además de todas estas autorizaciones supramunicipales, tendrá que obtener por parte del Ayuntamiento de Alicante la licencia de obra mayor –que está en tramitación–. Al respecto, el consistorio ha avanzado que “será exigente con el cumplimiento máximo de los requisitos necesarios antes de emitirla”.
“BATALLA JUDICIAL”
En este contexto, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ha incidido en que el reconocimiento de la licencia ambiental “no supone en ningún caso que la empresa pueda instalar los depósitos en el puerto de Alicante”.
Asimismo, recalca que “sigue intacta la firme oposición del Ayuntamiento a la instalación de este centro de distribución de combustibles” y su propósito de “seguir plantando batalla desde todos los frentes posibles, incluido el judicial, para evitar que este proyecto llegue a ser una realidad”. Así, asegura que el Ayuntamiento tiene como “aliada” a la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) con un “frente común de rechazo” a los macrodepósitos.
Todos estos puntos los ha confirmado el vicealcalde de Alicante y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local celebrada este martes: “Vamos a acudir a todas las vías, tanto procedimentales como judiciales, que estén en nuestras manos para que eso –la instalación de los depósitos– no pueda producirse en el futuro. Dicho lo cual, lo que sí hemos hecho, como hacemos siempre, es respetar las resoluciones judiciales, las compartamos o no, y teníamos que ejecutar esa sentencia”.
RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL
En esta línea, Villar ha confirmado que los servicios jurídicos municipales siguen preparando “dentro del plazo” un recurso de amparo para presentarlo ante el Tribunal Constitucional (TC), al entender, como ya planteó en su recurso de casación ante el TSJCV –que fue inadmitido–, que este órgano jurisdiccional “no tuvo en cuenta en su sentencia la inconstitucionalidad del artículo de la ley autonómica que establecía dicho silencio positivo en licencias ambientales, decretada en 2022”.
Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento y la promotora XC Business 90 SL no han mantenido ninguna reunión sobre esta cuestión, al tiempo que ha recordado que el alcalde Luis Barcala comentó que el “requisito previo” para que eso suceda es que dicha empresa “renuncie a la instalación” de los macrodepósitos.
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