MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado para el estudio del Problema de las Adicciones ha aprobado tres Proposiciones No de Ley (PNL) por las que insta al Gobierno a tomar medidas para proteger a los menores de edad del uso inadecuado de las nuevas tecnologías, incluyendo productos digitales y pantallas.
El primer texto ha sido aprobado por unanimidad y ha sido presentado por la senadora del PP Elena Castillo López, que ha pedido al Gobierno materializar, desde el consenso real con las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los entes locales, así como desde la plena coordinación con los representantes de los profesionales sanitarios y del ámbito social, cuantas actuaciones resulten necesarias para propiciar un manejo adecuado de las tecnologías durante la infancia y la adolescencia.
Asimismo, insta a prevenir y evitar el impacto negativo que el mal uso de las propias tecnologías tiene en su salud física, mental, sexual y social; todas estas medidas deben tener un enfoque transversal y ser dotadas con todos los recursos humanos, económicos y materiales que sean necesarios, fundamentándose en la evidencia científica, en buenas prácticas y en experiencias de éxito.
“Es fundamental que el gobierno ponga en marcha medidas preventivas y correctoras que además legisle para evitar el mal uso de las tecnologías y su impacto en la salud física, mental, sexual y social de esos jóvenes (…) La hoja de ruta a seguir en los próximos años debe contemplar todos los desafíos que supone el entorno tecnológico trabajando con los representantes de las familias, que es el eslabón clave de esta cadena, del sector educativo, tecnológico y de la infancia con profesionales médicos y de la industria digital”, ha explicado Castillo.
En ese sentido, ha recalcado la necesidad de seguir las recomendaciones de los expertos, desaconsejando cualquier tipo de exposición a las pantallas entre los cero y los seis años, salvo en “casos puntuales” y “bajo la supervisión de un adulto”.
Por su parte, el diputado de Sumar Rafael Cofiño Fernández, ha subrayado la necesidad de enfocarse en los elementos positivos de las tecnologías a la hora de legislar en estrategias de promoción de la salud, y no solo hablar del “riesgo, del miedo o de la dificultad”.
La segunda PNL (33 votos a favor y dos en contra) ha sido presentada por la diputada del PSOE Carmen Andrés Añón, que solicita al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a reforzar la protección de niños y adolescentes en el uso de productos digitales, limitando los diseños o patrones destinados a que los usuarios dediquen mucho más tiempo a utilizarlos.
Además, ha reclamado promover campañas de prevención de las adicciones tecnológicas, en especial en el ámbito escolar, e incluir la detección precoz del uso abusivo de las redes sociales en las estrategias preventivas de salud mental.
LAS PLATAFORMAS OFRECEN “PATRONES DE DISEÑO ENGAÑOSOS”
Añón ha manifestado que estas plataformas y aplicaciones recogen datos de los usuarios para ofrecer “patrones de diseño engañosos y adictivos que llevan al usuario a tomar decisiones sobre el tratamiento de sus datos de manera involuntaria, no consciente y potencialmente dañina”.
“La preocupación de nuestro grupo parlamentario es el alto riesgo que supone para los derechos y las libertades de las personas y la integridad física y mental de los colectivos especialmente vulnerables, como las personas menores de edad”, ha añadido la diputada durante su intervención, tras lo que ha aceptado las enmiendas presentadas por Sumar y el PP.
Desde Vox, el diputado Tomás Fernández Ríos ha criticado el documento por la “incoherencia en la implementación y supervisión” de las medidas, pues considera que el contexto global en el que se encuentran estas plataformas hace que España “no puede imponer” medidas eficaces si no están coordinadas con otros países.
Fernández Ríos también ha expresado que no se aborda de “manera adecuada” el impacto de las medidas sobre la autonomía digital de los adolescentes, recalcando que es necesario no solo limitarles el acceso, sino “enseñarles” a desenvolverse de forma responsable en el entorno digital.
Del mismo modo, ha aseverado que no se contempla la forma en que los profesionales de salud mental estarán involucrados en el seguimiento de los efectos de estas plataformas, ni cómo se facilitará el acceso a estos servicios para aquellos jóvenes que ya muestren “problemas serios”.
La comisión también ha aprobado por 20 votos a favor y 14 en contra una PNL presentada por Fernández Ríos, en la que se exhorta al Gobierno a impulsar la incorporación en la próxima Estrategia Nacional sobre Adicciones de un programa específico de prevención y atención sobre el uso descontrolado y abusivo así como la adicción a los videojuegos, especialmente por parte de niños y jóvenes.
El documento insta a promover la adopción de las medidas necesarias para dotar de un mayor número de recursos y de los medios específicos necesarios a la atención psico-psiquiátrica de la Atención Primaria pediátrica, para abordar las adicciones del comportamiento y el trastorno por uso abusivo de videojuegos, que “afecta cada vez a más” jóvenes españoles.
Igualmente, los diputados han pedido fomentar el diseño de campañas institucionales para la prevención de las adicciones del comportamiento y, sobre todo en aquellas referidas al uso abusivo y descontrolado de los videojuegos, para su difusión tanto en los distintos medios de comunicación como en las redes y plataformas sociales.
Aunque ha reconocido que el núcleo familiar es el “primero que debe detectar” los comportamientos adictivos, ha subrayado que es el Estado quien tiene las competencias de prevención y detección precoz.
En relación a ello, la diputada ‘popular’ María Isabel Prieto Serrano, quien ha presentado una enmienda aprobada por Vox, ha insistido en la importancia de garantizar un “consenso real” con las comunidades autónomas, con las entidades locales y con los diferentes actores implicados en la protección de los menores frente al uso “inadecuado” y “abusivo” de los productos digitales.
El senador socialista Rafel Rodríguez Villarino ha cargado contra esta PNL por contener “cosas bastante incoherentes” y por incluir “peticiones idénticas” en los mismos apartados, además de considerar que se aparta del ámbito de la investigación sobre adiciones conductuales.
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