MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El Congreso de los Diputados ha rechazado el requerimiento formulado por el Senado para revocar el cambio en la tabla salarial de los jueces y magistrados que se hizo mediante una corrección de errores en el BOE de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, según confirmaron fuentes parlamentarias.
Hace un mes, el PP usó su mayoría absoluta en el Senado para plantear un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno y el Congreso a cuenta de esta ley. El Ejecutivo no incluyó la subida del sueldo a dos grupos de jueces y lo ha intentado subsanar a través de una corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que, para la oposición, es “fraudulento”.
Sin embargo, un informe de la Secretaría General del Congreso niega la mayor, además de rechazar el requerimiento por tres motivos. El primero es que “ha sido remitido fuera del plazo”, puesto que no se planteó en el mes siguiente a su publicación en el BOE. El segundo es que considera que “las cuestiones planteadas no constituyen un objeto propio de un conflicto entre órganos constitucionales, tal y como este proceso ha quedado definido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Y, en tercer lugar, esgrime que la Cámara Baja “no puede considerarse autor de la corrección de errores”.
Sobre esta última cuestión, el texto al que tuvo acceso Servimedia señala que el papel del Congreso se limitó a “manifestar su criterio” ante una eventual corrección impulsada por el Gobierno y “que, en su caso, realiza el propio Ejecutivo, no siendo las publicaciones realizadas en el BOCG sino una derivación de la corrección de errores efectuada por aquél en el BOE”.
Fuera como fuese, el informe señala que los letrados informaron “favorablemente” de la corrección de errores porque “se ajusta plenamente a los requisitos establecidos” por la ley y es “respetuosa con la práctica que se ha venido siguiendo hasta ahora” en sede parlamentaria.
Por último, el Congreso recuerda que el Senado, “en legítimo ejercicio de sus facultades”, opuso su veto al proyecto de ley en cuestión, “lo que le habría impedido participar en modo alguno en la redacción del texto definitivamente aprobado”, dado que la Cámara Baja “se limitó a ratificar su texto inicial”.
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