Blanquearon más de 300.000 euros mediante operaciones ficticias de compraventa de vehículos de alta gama
VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han llevado a cabo una operación conjunta que ha culminado con la desarticulación de una organización criminal formada por 22 personas, asentada en su mayor parte en el barrio de Clot del Moro de la población valenciana de Sagunt y dedicados presuntamente a la venta y distribución de droga, principalmente cocaína, así como al blanqueo de capitales con los beneficios ilícitos.
Según explican las fuerzas y cuerpos de seguridad en un comunicado, el núcleo principal de la organización giraba en torno a una familia asentada en dicho barrio y que contaba con una extensa red de colaboradores que seguían sus directrices. Para blanquear el dinero obtenido, utilizaban distintos elementos, principalmente la compraventa de vehículos de alta gama.
La investigación se inició en el mes de junio de 2024 tras tener conocimiento, tanto los funcionarios adscritos al Grupo IV de la BLPJ de Sagunt como los pertenecientes al Área de Investigación del Puesto de Sagunt de la Guardia Civil, de la existencia de una serie de personas ubicadas principalmente en el barrio de Clot del Moro de esta localidad que se dedicaban de forma constante a la venta y distribución de cocaína.
Esto motivó la realización de una amplia serie de dispositivos de vigilancia en torno a dicho lugar, lo que permitió constatar dicha actividad, así como que la misma estaba siendo realizada no por personas aisladas, sino que realmente constituían una organización criminal “perfectamente estructurada”, en la que el núcleo principal era e un grupo familiar que, a su vez, tenía el auxilio de una amplia red de colaboradores asentados en las inmediaciones.
Estos colaboradores ayudaban, bien realizando vigilancias a fin de detectar la presencia policial, ocultando parte de la sustancia estupefaciente, preparando las dosis o incluso entregándolas a los compradores.
Todo ello ocurría en el barrio y generaba “una gran alarma social” al perpetrarse los hechos a escasos metros de un instituto al que acuden de forma diaria cientos de menores de edad.
De igual forma, también poseían viviendas y terrenos en la cercana localidad de Petrés donde trasladaban su actividad delictiva cuando les era necesario, extendiendo su influencia a pueblos aledaños.
La investigación concluyó que la práctica totalidad de miembros de la organización carecían de cualquier medio de vida legítimo y sus únicos ingresos provenían del tráfico de drogas y el blanqueo.
Con ese fin, llevaban a cabo ficticias operaciones de compraventa de vehículos de gama media y alta, los cuales eran puestos a nombre de terceros y podían cambiar de titularidad hasta seis veces en un mismo año. Para ello contaban con la colaboración de numerosos testaferros, determinándose una cifra de dinero blanqueado en 324.000 euros. Entre los implicados se encontraba también una gestora administrativa que facilitaba estas operaciones.
Finalmente, tras tener identificados a todos los miembros de la organización y constatar su ilícita actividad, se realizó una serie de incautaciones de droga a compradores que habrían adquirido la sustancia y se obtuvo una importante cantidad de elementos probatorios que motivaron el establecimiento de un amplio dispositivo que se materializó en un total de 14 entradas y registros en distintas viviendas, así como a la detención de un total de 22 personas, la incautación de diversas sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y el bloqueo de cuentas bancarias.
112 GALLOS DESTINADOS A PELEAS ILEGALES
Durante la realización de los registros se pudo comprobar también como dos de los investigados poseían 112 gallos destinados a peleas ilegales, hechos que fueron también constatados durante la investigación, todo lo cual motivó la intervención de estos y la imputación de un delito de maltrato animal, además de los de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y revelación de secretos.
Los detenidos son ocho mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 54 años y de nacionalidad española y 14 hombres de edades comprendidas entre 18 y 65 años y de la misma nacionalidad, los cuales ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.
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