MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
La Mesa del Congreso de los Diputados admitirá mañana a trámite la proposición de ley (PL) presentada por el PSOE y Junts per Catalunya (Junts) para el traspaso de competencias en materia de inmigración a la Generalitat catalana, después del acuerdo alcanzado la semana pasada entre ambas formaciones.
Así, este martes, esta iniciativa parlamentaria que ha generado mucha controversia pasará el primer trámite en la Cámara Baja, según confirman fuentes parlamentarias, ya que la mayoría del PSOE y Sumar se impondrá a los miembros del Partido Popular, que rechazan esta proposición de ley.
Las citadas fuentes comentaron que la jurisprudencia en Cortes es “tan clara” que probablemente no será necesario ni siquiera contar con un informe jurídico para la aceptación del debate de esta iniciativa. Recuerdan que “nunca” se ha inadmitido a trámite ninguna proposición de ley por vulnerar supuestamente el reparto de competencias establecido en la Constitución.
Al mismo tiempo, explican que hay “numerosos” precedentes de proposiciones de ley que contenían la transferencia o la delegación de competencias en materias de competencias exclusiva del Estado y/o que afectaban a la soberanía del Estado, como la transferencia en materia de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor a Cataluña.
Además, apuntan que en el pasado se presentaron más de “cuarenta proposiciones de ley” que tenían como objetivo transferir o delegar competencias del Estado. De hecho, subrayan que algunas de ellas afectaban “de lleno” a competencias que “entroncaban con la soberanía del Estado”, como la celebración de referéndums o la gestión de fronteras aeroportuarias.
JUNTS Y PSOE
Desde Junts defienden que se trata una iniciativa “muy simple” y “muy clara” que “simplemente” detalla los ámbitos en los que, a partir del artículo 150.2 de la Constitución, el Gobierno “delega unas competencias”, las de inmigración, a la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, dejan claro que “no hay letra pequeña”.
Asimismo, defienden que el marco legislativo del que cuelga esta ley es “el marco legal europeo”. Es decir, con el acuerdo alcanzado con el PSOE se ha conseguido tener una “herramienta” y ahora falta por ver “cómo vamos a utilizarla”, algo que dependerá “del consenso” del Parlament y, sobre todo, del Gobierno de Salvador Illa.
Desde el PSOE consideran que “hay más proponentes que también quieren sacarla” y piden “hacer juntos ese esfuerzo” para avanzar en las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios porque “hasta última hora no está asegurado el voto, como en todas las votaciones”, señalaron en alusión a Sumar y a Podemos.
Así, fuentes socialistas destacaron que “hay más gente en esto y no sólo el Gobierno tirando del carro”. Igualmente, fuentes del PSOE en la Cámara Baja consideran que la Mesa admitirá la medida a trámite por no haberse vetado “nunca” el debate de normas de delegación o incluso transferencia de competencias.
APOYOS PARLAMENTARIOS
La toma en consideración de esta proposición de ley deberá recibir la luz verde de la mayoría del Congreso. Hasta la fecha, el PP y Vox ya han anunciado que no la apoyarán, y falta ver qué hace finalmente Podemos, formación que tachó esta iniciativa de “racista” y amenazó con tumbarla cuando se debata.
Por su parte, desde Sumar, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo hace una semana que este acuerdo “respeta el marco constitucional y el marco europeo”. Pese a ello, algunos miembros de este grupo plurinacional no están del todo de acuerdo con esta proposición de ley.
Por ejemplo, la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, destacó que el problema de esta proposición de ley es que “se compren” de manera parcial marcos de Aliança Catalana; y el diputado de Compromís Alberto Ibáñez criticó este acuerdo alegando que “no vamos a comprar los marcos de la extrema derecha, hablen catalán o hablen español”.
PP: ES INCONSTITUCIONAL
No obstante, Sumar prevé apoyar la tramitación de la norma y permitir que supere su primer trámite. En frente se posicionará el PP, que votará contra su calificación por entender que es inconstitucional.
La semana pasada, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, colocó la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña como “probablemente la cesión más grave” de “la historia constitucional” de España. Y avisó de que pone en entredicho la seguridad nacional porque supone un “desmantelamiento del control fronterizo de extranjería y de inmigración”.
El presidente del PP ha prometido revertir esta medida si finalmente sale adelante en el Congreso. Y, en pleno debate sobre el nuevo orden mundial, advirtió a Sánchez que “no puede apelar a la unidad de Europa cuando se destruye la de España” ni “hacer declaraciones grandilocuentes sobre seguridad europea cuando se están parcelando competencias” en materia de inmigración a través de este acuerdo con Junts.
VOX RECUSA AL LETRADO MAYOR
Como no tiene representación en la Mesa, Vox registró un escrito dirigido a este órgano para que inadmita a trámite la citada proposición de ley por su “manifiesta incompatibilidad con el orden constitucional al afectar directamente al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas”.
Además, exigió hoy la recusación del secretario general del Congreso, Fernando Galindo, en el proceso de calificación y admisión a trámite de esta iniciativa por estar “contaminado”, ya que ha trabajado en altos puestos del ministerio de Política Territorial que “le inhabilitan” para intervenir en cualquier función de asesoramiento “respecto a la calificación y admisión” de la proposición.
Desde ERC, el portavoz del partido en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, se pronunció sobre este tema. Destacó que ve con buenos ojos delegar las competencias en materia de inmigración a Cataluña, pero aseguró que le “preocupa” cómo se utilicen estas “cuando gobierna la derecha catalana”, y por ello leerá “la letra pequeña”.
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