BADAJOZ, 10 (EUROPA PRESS)
El Consejo General del Trabajo Social y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz han mostrado su “consternación y preocupación” por el presunto asesinato de una educadora en el ejercicio de su labor en un piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores en la capital pacense.
También expresan sus “más sinceras condolencias” a la familia, amistades y compañeras de la educadora, y lamentan “profundamente esta irreparable pérdida” y se solidarizan con el colectivo de profesionales de la intervención social que ejercen en contextos de menores infractores, “que día a día trabajan en condiciones de gran exigencia y vulnerabilidad” para garantizar la protección de los menores en pisos de cumplimiento de medidas judiciales.
“Este suceso evidencia, una vez más, las precarias condiciones” en las que los profesionales de la intervención social desempeñan su labor en los contextos del sistema de protección y de justicia juvenil, han remarcado en nota de prensa, junto con que “la falta de recursos, la sobrecarga de trabajo y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas exponen a las profesionales a situaciones de alto riesgo que no pueden ni deben ser ignoradas”.
Así, tachan de “inaceptable” que quienes dedican su vida a la resocialización y protección de menores tengan que hacerlo en un entorno “donde su propia integridad física no está garantizada”. “En el desarrollo de este ámbito profesional es frecuente que no se facilite la interposición de denuncia de agresión hacia profesionales, limitando la actuación y prevención por parte del sistema de justicia, así como el establecimiento de otras medidas educativas”, ha dicho.
En este caso, “parece ser que sí existían denuncias previas, no habiendo sido estas suficientes para tomar medidas protectoras”, han apostillado, a la vez que han expuesto que donde ya hay medidas judiciales previas pueden desencadenarse problemas de conducta, “incluso graves”, por lo que “en ocasiones hay que hacer contenciones”, pues los perfiles de menores atendidos en estos recursos “presentan necesidades complejas que requieren de una atención especializada y acorde a las necesidades de atención que precisa”.
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
En este punto, ambos entes ven importante destacar que “la delincuencia juvenil es un factor de desprotección” y que los menores atendidos se encuentran “muy dañados” a nivel emocional, “presentando en ocasiones conductas disruptivas que precisan de una atención especializada acorde a sus necesidades”.
La atención a estos menores, han explicado, requiere la dotación de un sistema de atención a menores infractores que responda de forma “ajustada”, con los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el principio rector de la Ley 5/2000 de responsabilidad, siendo la resocialización el objetivo último que se debe perseguir como sociedad.
“Esto lleva a una necesaria reflexión en cuanto a la existencia de un recurso de mayor contención y que precisa el aumento y el cumplimiento de las ratios profesionales, debiendo poner el foco en la atención y los recursos existentes son muy desiguales territorialmente”, han remarcado, para apuntar que, en este sentido, se hace necesario contar con una red de recursos equiparable a todo el territorio nacional.
También es “importante reivindicar” que los diferentes profesionales que trabajan con menores en situación de desprotección necesitan un entorno “adecuado y seguro” para ejercer su trabajo, y que los menores con los que trabajan tienen unas necesidades que precisan de recursos adecuados desde los que atenderles.
A este respecto, han advertido de una “necesaria reflexión” a las administraciones públicas que en muchos casos externalizan servicios, que son estas las últimas responsables del cuidado y de las condiciones laborales y de atención que tanto menores como profesionales precisan.
En este sentido, “es urgente y necesario” que se adopten medidas concretas que refuercen la seguridad en estos recursos, dotándolos de personal suficiente y protocolos efectivos que minimicen los riesgos a los que se enfrentan las profesionales de la intervención social. Asimismo, instan a las administraciones públicas a valorar la necesidad de una reforma legislativa que establezca garantías específicas para la protección de estas profesionales, “reconociendo la complejidad y el riesgo inherente a su labor”.
RESPUESTAS INMEDIATAS
Desde su compromiso con la justicia social, también exigen “respuestas inmediatas que eviten que tragedias como esta vuelvan a repetirse”, a la par que se suman a las reivindicaciones de los educadoras, y todos los profesionales que desempeñan sus funciones en pisos residenciales de cumplimiento de medidas judiciales, centros de protección, de acogida inmediata, etc.
“Necesitamos entornos seguros que cuiden a las y los profesionales para que puedan ejercer su trabajo con las máximas garantías, porque no hay que olvidar que su dedicación y esfuerzo son imprescindibles para construir una sociedad más justa y equitativa”, han expuesto, para reiterar su apoyo a la familia de la víctima y a sus compañeros en este momento de dolor, y exponer que no pueden permitir “que este crimen quede en el olvido ni que se normalicen las condiciones de desprotección en las que trabajan estas profesionales”.
Para ambas instituciones, “la seguridad de quienes cuidan y educan ha de ser una prioridad absoluta”. En estos casos, “una vez más”, demandan a las administraciones públicas que reconozcan a los profesionales de la intervención social como autoridad o funcionarios públicos, lo cual garantizaría una mayor protección legal ante agresiones y amenazas, permitiendo que estos actos sean otra figura delictiva y sean considerados delitos de atentado, resistencia o desobediencia, según el Código Penal.
A pesar de la falta de regulación general, “parece razonable esperar que en cada caso concreto en que se produzcan amenazas o agresiones” los funcionarios deberán contar con esta protección penal, han agregado.
“Sin embargo, sigue existiendo un vacío legal para quienes trabajan en entidades privadas contratadas por la administración, ya que no cuentan con la misma protección” y “un buen ejemplo de buena praxis legislativa en esta línea” es la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Aragón, que reconoce la autoridad de los profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón. “Exigimos protección. Exigimos justicia”, concluyen.
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