Torres anuncia una inversión de 6,5 millones en programas de empleabilidad de personas con discapacidad y dificultades de inserción
SAN SEBASTIÁN, 10 (EUROPA PRESS)
El Gobierno Vasco invertirá más de 77 millones de euros en mantener y generar puestos de trabajo en cerca de 90 Centros Especiales de Empleo de Euskadi. El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo invertirá este año 6,5 millones de euros en programas y servicios relacionados con la empleabilidad de personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral.
El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha realizado este anuncio este lunes durante su visita a la planta de Katea Legaia de Zarautz (Gipuzkoa), una sociedad laboral de las más grandes del país en número de trabajadores. Cuenta con 1.000 personas empleadas en doce plantas repartidas por distintos valles de Gipuzkoa y produce componentes tecnológicos para la industria.
En concreto, según aprobó hace unos días el Consejo de Administración de Lanbide, destinará 5,5 millones a sufragar los costes de personal de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional de los Centros Especiales de Empleo y 1 millón para financiar activos no corrientes y asistencias técnicas que generen puestos de trabajo estable.
De esta forma, pretende subvencionar 45 Unidades de Apoyo -10 más que el año pasado- y llegar a 400 personas más con gran discapacidad usuarias de estas unidades, alcanzando un total de 5.100 personas.
En Euskadi, el trabajo protegido proporcionado por los Centros Especiales de Empleo “es fundamental para la integración laboral de personas con discapacidad, dado que estos centros facilitan la adquisición de hábitos sociales y de trabajo, mejoran su empleabilidad y facilitan su incorporación al sistema productivo ordinario”, ha destacado el vicelehendakari.
Por ello, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo invertirá este año más de 77 millones de euros en mantener y generar puestos de trabajo en los Centros Especiales de Empleo de Euskadi. El objeto de estas ayudas es financiar los costes salariales de 11.000 personas con discapacidad que están contratadas en estos centros.
Torres ha incidido en la importancia de estos centros ya que “ofrecen estabilidad laboral a muchas personas que la necesitan y proporcionan unas rutinas que garantizan una seguridad emocional que en muchas ocasiones no encontrarían en otros entornos laborales”.
“Los buenos datos económicos no pueden hacer que nos olvidemos de que hay personas con especiales dificultades para entrar en el mercado de trabajo. Por eso es importante apoyar y fomentar estos proyectos”, ha resaltado.
A su juicio, “la inserción de todas las personas en un proyecto empresarial es imprescindible” porque “el progreso no es progreso si no es compartido y menos aún si un colectivo se queda al margen de ese avance”. “En Euskadi tenemos un sistema fuerte y estable de empresas de inserción y centros especiales de empleo gracias a un esfuerzo compartido a favor de la inclusión de todas las personas en el desarrollo y la prosperidad”, ha añadido.
AYUDAS DE LANBIDE
Al margen de estas ayudas destinadas a emplear a personas con discapacidad, Lanbide aprobó hace unos días nuevas ayudas por valor de 17,8 millones de euros para crear y sostener empresas de inserción laboral. Así, se destinarán 4,5 millones en 2025, 5 millones en 2026 y 2027, y 3,3 millones en 2028.
A estas ayudas podrán acogerse entidades públicas o privadas, incluidas las asociaciones, fundaciones, cooperativas, federaciones de cooperativas u otras entidades de economía social, sin ánimo de lucro que tengan como fin la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión o riesgo de exclusión social. También están destinadas a las entidades locales y agencias de desarrollo local o comarcal.
Por otro lado, Lanbide también ha incrementado en 340.000 euros, alcanzando así los 940.000, la convocatoria de ayudas para financiar los gastos derivados de la realización de prácticas formativas por parte del alumnado de acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad.
Estas ayudas están dirigidas, por un lado, a empresas y entidades de formación para financiar el coste de cotización y gastos derivados de las obligaciones con la Seguridad Social y, por otro lado, a entidades de formación por la tutorización de las prácticas formativas realizadas en sus propios centros por el alumnado que no puede ser dado de alta en la Seguridad Social por no encontrarse o residir legalmente en España.
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