Tanto ella como el gerente del Área II de Cartagena defienden en la Asamblea la legalidad y transparencia del proceso
CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)
La exdirectora médico del Hospital Virgen de la Arrixaca y actual gerente del Área IV de Salud en Caravaca de la Cruz, Juana Fernández, ha defendido este lunes ante la Comisión Especial de Investigación sobre las derivaciones presuntamente irregulares del Servicio Murciano de Salud (SMS) a la sanidad privada la “legalidad y transparencia” de las mismas y ha justificado la realización de estas tras la pandemia provocada por la Covid-19 debido a la “falta de recursos humanos” y la “presión asistencial”.
Según ha explicado, la crisis sanitaria dejó al sistema en una situación crítica, lo que obligó a buscar soluciones para garantizar la atención a los pacientes dentro de los plazos establecidos. “Veníamos de una pandemia que tensionó los recursos y generó un incremento extraordinario de la presión asistencial”, ha explicado Fernández, recordando que la actividad de los profesionales sanitarios fuera de la jornada se duplicó tras la pandemia y que la actividad extraordinaria pasó de 3.890 intervenciones a 8.758, lo que supuso un incremento del 125%.
En ese sentido, ha insistido en que su deber como directora médica era “garantizar en la medida de lo posible el cumplimiento de los plazos” y que, antes de recurrir a derivaciones externas, “se agotaron primero todos los recursos propios”.
Fernández ha subrayado que su labor consistió en detectar insuficiencias de recursos y proponer soluciones “basadas en términos objetivos”. En este sentido, ha asegurado que la escasez de especialistas en determinadas áreas ha impedido atender toda la demanda asistencial. “En algunos casos, simplemente no podíamos absorber la carga de trabajo sin comprometer la seguridad de los pacientes”, ha afirmado.
En cuanto al procedimiento seguido, ha explicado que cada derivación fue “autorizada, registrada y auditada” y que se llevó a cabo un “análisis exhaustivo” de la oferta asistencial antes de recurrir a conciertos con la sanidad privada. “Cada derivación quedó registrada con identificación del paciente, motivo y justificación clínica, garantizando la supervisión de la calidad asistencial”, ha detallado.
Durante su comparecencia en la Asamblea ha defendido que el 85% de las intervenciones quirúrgicas se realizaron en hospitales públicos y solo el 15% en centros concertados. “El uso del concierto sanitario es una herramienta legal, no improvisada. Sin estos mecanismos, se habría comprometido la seguridad de los pacientes y la calidad del servicio”, ha afirmado.
En su intervención final, Juana Fernández ha insistido en que “se tuvo que gestionar una situación crítica” y ha asegurado que actuó “con honestidad, rigor técnico, respeto a la legalidad y total transparencia”. Asimismo, ha subrayado que la falta de recursos humanos es “un problema estructural a nivel nacional” que impide cumplir los plazos de atención sanitaria. “Estoy convencida de que la falta de profesionales contribuye a valorar la externalización de algunas pruebas e intervenciones. Lo que se externaliza son pruebas sencillas e intervenciones de menor complejidad”, ha concluido.
CONTROL INTERNO SOBRE LOS CENTROS CONCERTADOS
También ha comparecido ante la comisión José Sedes, gerente del Área II de Salud en Cartagena, que ha explicado que “lo que externalizamos son aquellas pruebas diagnósticas donde más entradas tenemos, como las gastroscopias, las colonoscopias y las pruebas de imagen, especialmente resonancias y, en menor medida, TAC”. Según Sedes, el incremento de la demanda ha desbordado la capacidad del sistema público. “Si nos han entrado 150.000 pacientes más que en 2023, ¿cómo vamos a absorber toda esa actividad sin apoyo externo?”, ha planteado.
Sedes también ha abordado la externalización de la hospitalización de media y larga estancia. “Analizamos la ocupación en nuestros hospitales, vemos los pacientes programados, el número de altas y la tendencia de la última semana. Todos los días consultamos con las unidades de enfermería la previsión de altas y, en base a ello, reubicamos a los pacientes. Es un procedimiento transparente”, ha asegurado.
Asimismo, ha defendido que existen mecanismos de control interno sobre los centros concertados. “Deben garantizar la calidad asistencial y creemos que trabajamos con transparencia. Es importante que se conozca cómo funciona la externalización en las áreas de salud. La planificación anual nos permite hacer estimaciones, pero no podemos prever con exactitud cuántos pacientes serán externalizados”, ha afirmado.
Durante la comisión, los distintos grupos parlamentarios han expresado sus posturas sobre la gestión del SMS y las derivaciones a la sanidad privada. Desde el PSOE, la diputada María Soledad Sánchez ha recordado que la Ley de Contratos obliga a publicar anualmente el plan de contratación y que en 2022 “esto no se hizo, como señala el Tribunal de Cuentas”. Además, ha criticado la existencia de expedientes sin contratación adecuada y ha cuestionado la transparencia en la gestión de los recursos.
Por su parte, la diputada de VOX, María Eugenia Sánchez, ha afirmado que “el SMS se encuentra en una situación insostenible” y que “las derivaciones deben justificarse económicamente, valorando si es más beneficioso para las arcas públicas derivar servicios o invertir en recursos propios”. Ha advertido también sobre la necesidad de que los informes justificativos de las derivaciones “se realicen en tiempo y forma, no un año después”.
Desde Podemos, María Marín ha criticado la gestión del SMS, calificándolo de “agujero negro de las cuentas de la región”. “El Tribunal de Cuentas ya destacó en julio derivaciones presuntamente irregulares al margen de la ley de contratos”, ha denunciado. Además, ha calificado de “escandaloso” que se haya recurrido a medios privados “teniendo recursos propios” y ha cuestionado la transparencia de las listas de espera. “Más de 60.000 pacientes están en el limbo, a la espera de una prueba quirúrgica o una visita al especialista”, ha asegurado.
Por otro lado, la diputada del PP, Mari Carmen Ruiz, ha defendido que “los conciertos son un complemento a la salud pública” y que “se llevan a cabo en todas las comunidades autónomas para agilizar la asistencia sanitaria y reducir las listas de espera”. Además, ha señalado que “el último informe del Tribunal de Cuentas archivó todas las diligencias por no existir indicios de irregularidades”.
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