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Los Comunes instan al Gobierno a seguir el modelo de la Casa Orsola y promover la adquisición de vivienda a través de entidades sociales

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MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Los Comunes reclaman al Gobierno si piensa contemplar la posibilidad de seguir el modelo del Ayuntamiento de Barcelona con la compra de la Casa Orsola y adquirir inmuebles ya construidos, en formato de colaboración público-privada, para elevar el parque público de vivienda.

Por ejemplo, solicitan si puede financiar con un fondo específico para este tipo de compras en los ayuntamientos que tienen zonas tensionadas por el alto precio del alquiler.

Así lo plantea la coordinadora de la formación catalana y diputada de Sumar, Candela López, mediante una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Ministerio de Vivienda.

Pone el ejemplo la decisión del Consistorio de la ciudad condal, que ante la movilización social contra el desahucio de los últimos inquilinos de este inmueble, decidió hacerse con él en colaboración con la entidad del tercer sector Hábitat 3. De esta forma, el Ayuntamiento dispone del 49% de la propiedad mientras que el 51% restante recae en Hábitat 3.

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Por tanto, López solicita al departamento que dirige Isabel Rodríguez conocer si está valorando la opción de extender este modelo a otras ciudades de Cataluña y España, para crear así “más vivienda social”.

También pregunta si el Ejecutivo puede fomentar este tipo de colaboraciones a escala nacional, sobre todo en ciudades con problemas de alta demanda de vivienda en régimen de alquiler.

“¿El Gobierno prevé establecer programas específicos para facilitar que los ayuntamientos puedan comprar inmuebles destinados a vivienda social con financiación conjunta de las empresas o entidades públicas?”, interroga la dirigente de los Comunes al Ministerio.

Es más, demanda a Vivienda que especifique si una vía para aumentar la oferta de la vivienda social sin recurrir solo a la construcción de nuevos pisos es aprovechar la existencia de viviendas vacías y en desuso.

Finalmente, en caso afirmativo pregunta si habrá mecanismos de control social y transparencia para asegurar que esas operaciones de compra benefician realmente a las personas en situación de vulnerabilidad.

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