MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)
La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha presentado 18 alegaciones a la ordenanza sobre viviendas de uso turístico elaborada por el Ayuntamiento de Málaga, “se trata de alegaciones solventes y viables técnicamente para hacer realidad una Málaga libre de viviendas turísticas, impidiendo nuevas licencias e iniciando un proceso para revertir las existentes”.
Morillas ha asegurado que las medidas que ha tomado el PP “son inútiles e ineficaces”. “Las más de 13.000 viviendas turísticas registradas en la ciudad no sólo no se reducen con la ordenanza, sino que con la normativa aprobada se prevé un crecimiento en hasta 328 zonas. Y lo que toca no sólo es prohibir toda nueva licencia turística, hay que revertir las licencias actualmente existentes”, ha advertido.
Ha explicado que “la patronal de viviendas turísticas ha presentado unas alegaciones a la normativa que son una auténtica provocación a los vecinos y a las vecinas de Málaga. Lo que pretenden es que todo el centro de la ciudad, en el que viven 80.000 personas, sea declarado de zona turística y, por tanto, no haya usos residenciales. Esto significa poner en el disparadero a 80.000 vecinos y vecinas que serían expulsadas de su ciudad”.
La portavoz adjunta de la coalición de izquierdas ha criticado también que el alcalde “no diga ni mú, está missing, por eso le instamos a que se pronuncie sobre las alegaciones de la patronal de las viviendas turísticas, no puede ser que ante un tema tan relevante para el precio de la vivienda en la ciudad de Málaga el alcalde esté ausente”.
Morillas también se ha dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que “tras años en los que el PP negaba que las viviendas turísticas afectasen al precio de la vivienda, ahora resulta reconoce que sí, que la plaga de viviendas turísticas tiene un impacto directo en el incremento del precio de la vivienda y pone en marcha un decreto que entra en vigor en el mes de marzo que permitiría establecer una moratoria, no dar nuevas licencias en todo el término municipal en los próximos tres años”.
“Vienen a darnos la razón. Lo que tienen que hacer es aceptar nuestras alegaciones para que no haya ni una licencia de vivienda turística más en la ciudad de Málaga y se puedan revertir las licencias que existen, especialmente en zonas saturadas como el centro de la ciudad”, ha agregado.
Asimismo, Morillas ha subrayado que “somos el único grupo municipal que ha presentado alegaciones, un total de dieciocho, porque lo que toca es prohibir las licencias de viviendas turísticas en Málaga, lo que toca es proteger el uso de la vivienda en nuestros barrios porque todas las viviendas deben de tener usos residenciales”.
Por otro lado, coincidiendo con que se cumple el plazo de la enésima prórroga para la presentación del proyecto del rascacielos que un grupo inversor catarí proyecta en el dique de levante del Puerto de Málaga, Morillas ha alertado de que “el rascacielos de 144 metros de altura supone una privatización brutal de todo el entorno del Puerto. Al puerto sólo van a poder entrar los multimillonarios y quienes tienen mayor poder adquisitivo en la ciudad de Málaga”.
“El proyecto es distinto al inicial, al que dio lugar a que el equipo de gobierno modificara el plan especial del Puerto. Por tanto, hay dudas más que razonables de que con este proyecto, que modifica sustancialmente el que habían presentado inicialmente, se pueda continuar la tramitación. Hay que tomar una decisión política, la de paralizar el rascacielos”, ha señalado.
Por último, ha asegurado que “la gente está muy cabreada. Tenemos un ejemplo cercano en el Parque del Oeste, un aviso a navegantes. Los vecinos y las vecinas con su determinación, con su organización, con su movilización van a lograr doblar el pulso al equipo de gobierno del PP e impedir que se siga privatizando un espacio tan estratégico para nuestra ciudad como es el Puerto de Málaga”.
Por su parte, el concejal portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha calificado “el proyecto que el grupo inversor pretenden ejecutar con la connivencia del gobierno local del PP” como “un atentado paisajístico, ambiental y patrimonial. Y, claro está, supondría la privatización del espacio. Hay que escuchar el clamor de la gente y paralizarlo”, ha concluido.
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