SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha apuntado este jueves en el Pleno del Parlamento que Andalucía tiene pendiente de cubrir un 44,4% de las plazas previstas de interventores, secretarios y tesoreros, funcionarios de habilitación nacional que prestan sus servicios en la Administración municipal.
Nieto ha explicado que en Andalucía de las 1.531 plazas previstas de interventores, secretarios y tesoreros, 681 están sin cubrir, y ha contrapuesto ese déficit a la situación que se abre tras el acuerdo entre el Estado y la Generalitat de Cataluña para la selección y formación de este personal, que ha resumido con un “a Cataluña se le da una autopista sin atender las necesidades que debería tener un Gobierno de España serio”.
En una pregunta que le he ha hecho el Grupo Parlamentario Popular el consejero de Justicia ha llevado a la Cámara autonómica las consecuencias del acuerdo de 24 de febrero de la Comisión Bilateral Estado-Junta de Andalucía sobre los cuerpos de funcionarios de habilitación nacional y tras el cual se ceden a la Generalitat las competencias en selección, formación y provisión de esos tres cuerpos.
Ha situado Nieto como “nueva discriminación” la cesión a la Generalitat de Cataluña de la gestión de las plazas de secretarios, interventores y tesoreros municipales y ha calificado de “competencia desleal” en la gestión de un cuerpo de funcionarios de carácter nacional, mientras ha recordado que la convocatoria de las oposiciones de estos cuerpos compete al Estado.
Ha recordado que se trata de un acuerdo que ha criticado el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital), cuyos dirigentes en Andalucía han asistido a la sesión, al entender que están siendo usados por el Estado “como moneda de cambio”.
El consejero de Justicia ha reivindicado que la selección, formación y provisión de los puestos reservados a estos funcionarios debe permanecer en el ámbito estatal para garantizar la neutralidad e independencia de estos profesionales que dan tranquilidad a los alcaldes al garantizar la seguridad jurídica de sus decisiones.
“Compartimos la preocupación de Cosital y de muchos municipalistas porque todas las personas que han pasado por un ayuntamiento saben la importancia de disponer de estos profesionales”, ha subrayado.
Ha lamentado que en lugar de convocar más plazas ante la avalancha de jubilaciones y adecuar la prueba todo lo posible para seguir garantizando el nivel de este cuerpo, el Estado ceda a la Generalitat esta competencia.
“Nos preocupa la situación de todo el país y el funcionamiento de todas las administraciones y no funcionarán los ayuntamientos y diputaciones sin tener plazas de habilitados nacionales. Pero si el Gobierno de España no es el principal interesado en resolver este problema, poco margen les queda a las comunidades autónomas”, ha denunciado tras reclamar que “a Andalucía se la trate igual que a otros territorios”.
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