SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de lo Penal número ocho de Sevilla ha fijado para el 25 de noviembre de 2026, el nuevo señalamiento del juicio promovido contra el exalcalde de La Puebla del Río Julio Álvarez González y la exalcaldesa de Benacazón Juana María Carmona, ambos del PSOE, por un presunto delito de prevaricación derivado de la contratación de un exedil socialista en la Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir, cuando el primero de ellos presidía la misma, “sin seguir el procedimiento administrativo legalmente establecido”.
Este juicio estaba señalado inicialmente para marzo de 2022 en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, instancia que entonces suspendió la vista por una cuestión de competencia, pues al tratarse de hechos supuestamente acontecidos en 2009, entonces regía una redacción anterior del Código Penal, que recogía unas penas para los delitos de prevaricación administrativa como el abordado en este caso, por las cuales correspondía celebrar la vista a un juzgado de lo Penal y no a la Audiencia.
Después, el Juzgado de lo Penal número ocho tenía fijada la vista para el día 5 de marzo de este año, o sea este pasado miércoles, según fuentes del caso recogidas por Europa Press, que han señalado que la vista no se celebró tampoco esta vez por la ausencia de un testigo fundamental del caso; siendo fijado el 25 de noviembre de 2026 como nueva fecha.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los hechos se remontarían a junio de 2009, cuando Julio Álvarez González presidía la Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir y Juana María Carmona ostentaba la Alcaldía de Benacazón.
En ese marco, la Fiscalía indica que Julio Álvarez González “contrató” a Daniel P.S. para un puesto de peón de recogida de basuras en la citada mancomunidad, “a propuesta previa” de la entonces alcaldesa de Benacazón y “sin seguir el procedimiento administrativo legalmente establecido, al no constar convocatoria previa para cubrir el puesto ni ser respetado el orden de méritos de las listas definitivas de la bolsa de empleo temporal de la mancomunidad”, ocupando el aludido a la fecha de su contratación el puesto número 21 de la lista, siempre según el Ministerio Público.
LA MOCIÓN DE CENSURA
Daniel P.S., según IU, que denunció el asunto ante la justicia, sería un exconcejal del PSOE, toda vez que IU, que en el anterior mandato municipal cogobernaba con la socialista Juana María Carmona el Ayuntamiento de Benacazón, esgrimió este procedimiento judicial para promover en 2021 una moción de censura junto al PP y Cs, gracias a la cual el popular Pedro Oropesa se hizo con la Alcaldía de dicha localidad en coalición con la federación de izquierdas.
La ya exalcaldesa, en ese sentido, se declaraba inocente y alegaba que no había “tenido responsabilidad ninguna en la contratación de más organismo que en el Ayuntamiento de Benacazón”, que dirigía hasta la citada moción de censura del verano de 2021.
PRESUNTA PREVARICACIÓN
En cualquier caso, la Fiscalía considera que los hechos constituyen un supuesto delito de prevaricación administrativa, cuya autoría achaca a Julio Álvarez González; mientras a Juana María Carmona atribuye el papel de “autor (inductor)”. Dado el caso, pide para cada uno de ellos una condena a 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Julio Álvarez González, recordémoslo, fue condenado en 2011 por un delito de malversación de caudales públicos, por gastar como alcalde de La Puebla del Río un total de 6.098 euros en llamadas privadas a una sola mujer y a teléfonos eróticos, con el teléfono móvil del Ayuntamiento.
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