MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El presidente de Trencats, Asociación contra la violencia en las escuelas, José Manuel López Viñuela, padre de Paula Kira López, que se suicidó en 2021, cuando tenía 15 años, tras sufrir ‘bullying’, ha reclamado este jueves en el Congreso de los Diputados una “ley específica” contra el acoso escolar, “que garantice los derechos de las víctimas y la reparación del daño”.
“Queremos una ley clara, aplicable, consecuente, una ley que reconozca que lo que le pasó a Kira, Laura, Joaquín, Diego, Lucía, Alejandro, Ilan, Claudia, Hugo, Alana, Oscar, Adam, Daniela y tantísimas otras víctimas”, ha pedido López durante unas jornadas tituladas ‘Juntos contra la violencia y el acoso escolar’ y organizadas por el grupo parlamentario popular, en la Cámara Baja.
El padre de Kira ha recordado que cuando su hija “salió para la escuela, decidió que no llegaría”. “Para su madre y para mí, aquello fue algo impensable. Quiero transmitiros a todos que no hay profesional de la salud mental ni experto que sea capaz de cuantificar el dolor que tiene un niño cuando le hacen acoso escolar”, ha explicado.
López, que ha recogido 256.456 firmas en Change.org ha recordado que hace dos años pisó por primera vez el Congreso para entregar más de 230.000 firmas pidiendo una ley contra el acoso escolar y se reunió con la ministra Pilar Alegría, pero ha lamentado que siguen sin una ley específica.
Además, ha indicado que están esperando que les concedan una reunión con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que pidieron “hace más de un año”.
“Si los golpes y las humillaciones no son cosa de un pareja, tampoco deben de ser cosas de niños. ¿O merece más protección una mujer que un niño?”, se ha preguntado el padre de Kira, al tiempo que ha denunciado que se ha “normalizado el maltrato en los colegios”. “Si los golpes y las humillaciones no son constantes y reiterados, se considera cosa de niños y no se aplica ningún protocolo”, ha advertido.
Ante esta situación, López ha propuesto que se extienda a todas las comunidades autónomas la implantación de un decálogo para luchar contra la violencia escolar que consiguieron que fuera aprobado por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en 2024.
“Gracias a este decálogo en Cataluña, la reiteración de las violencias ha dejado de ser un requisito para activar medidas y protocolos de protección a la víctima de violencia y acoso escolar, e incluso el término acoso escolar ha sido sustituido por el de violencias en la denominación del propio protocolo. Hoy estamos aquí para pedir que esa medida se haga también extensible al resto de comunidades autónomas”, ha reclamado.
También ha criticado que en los colegios falta integración y una gestión adecuada de la diversidad y que “casi el 90%” de los casos que llegan a su asociación son de menores con autismo, altas capacidades y otras necesidades especiales. “Estos menores no sólo son el blanco perfecto para acosadores, sino que directamente molestan y sobran en el centro escolar, tal y como nos denuncian sus familias”, ha lamentado.
EN UN 45% DE CASOS EL AGRESOR ES INIMPUTABLE
En las jornadas también ha participado la fiscal de menores Montserrat García Diez, quien ha indicado que “a golpe de ojo” en lo que ve cada día, casi “un 40-45% de las denuncias” que les llegan no puede haber una intervención penal porque los agresores son menores de 14 años y no son imputables. En estos casos, según ha explicado, remiten el atestado al centro educativo.
“Nos lo dijo esa instrucción del año 2005. Ustedes, donde no pueden intervenir porque son inimputables, tienen que remitir todo lo que han hecho, todo el atestado donde está la denuncia, la declaración de la víctima, de sus padres, posibles testigos, escasos en estos casos, la verdad, al centro educativo para que intervenga”, ha precisado.
También ha avisado de que falta formación especializada en materia de acoso escolar para los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
“Debiera haber agentes especializados en materia de acoso escolar. ¿Por qué? Porque esa instrucción dicen que cuando van los padres y la víctima, si se les somete a un interrogatorio como a cualquier otra persona de pregunta-respuesta, ellos se sienten bloqueados y hacen que no puedan trasladar la realidad de lo que están sufriendo. Con lo cual, cuando nos llega al fiscal el atestado, la conducta que se describe es mucho más mínima o leve de lo que realmente está sucediendo”, ha advertido.
Además, ha subrayado que “la cantidad inmensa, ingente de denuncias” que llegan a las fiscalías de menores, les “dificulta bucear, navegar” en los casos. “Se perpetran muchísimos más delitos que hace 20 años y hace que se nos puedan escapar en algunos casos, situaciones que al final tienen un resultado como el que aquí se ha expuesto”, ha señalado.
En el acto ha intervenido asimismo la presidenta de la asociación NACE, Carmen Cabestany, quien ha denunciado que “hay un atropello” a las víctimas de acoso escolar y a sus familias, y ha advertido de que “los protocolos no funcionan” porque los administra el propio centro, que “es juez y parte” y para el que, a su juicio, es “muy fácil tergiversar, sesgar, manipular”.
“Ya ha habido sentencias diciendo, sí, era acoso escolar, pero el centro hizo lo que tenía que hacer. Y les tapan la boca a la familia diciendo que el centro abrió el protocolo”, ha criticado.
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