MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
Alquiler Seguro presentó este jueves un decálogo de medidas para mejorar la seguridad jurídica de la vivienda entre las que se incluye la creación de un registro público de sentencias judiciales de impagos, lo que haría posible que los propietarios puedan conocer si un potencial inquilino ha acumulado impagos en contratos previos, y otorgar la misma consideración legal a la usurpación de viviendas y allanamiento de morada, lo que permitiría que las fuerzas de seguridad actuar en un plazo de 48 a 72 horas para desalojar a los ocupantes ilegales con independencia de si es la vivienda habitual del propietario o no.
Según el responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez, los constantes cambios normativos generan incertidumbre en propietarios e inquilinos. “Es fundamental establecer una regulación global que garantice seguridad jurídica y protección tanto a arrendadores como a arrendatarios”, indicó.
Por ello, la plataforma inmobiliaria apuesta por una reforma legislativa integral que elimine la inseguridad jurídica y agilice los procedimientos en torno al alquiler y la ocupación ilegal. “No basta con modificaciones puntuales o decretos-leyes que, por su propia naturaleza, no pueden dar una respuesta completa a un problema que requiere soluciones de amplio espectro”, aseguró Sánchez.
CENSO DE ALQUILERES
Asimismo, propone crear un censo de alquileres, que consistiría en una base de datos que integre los contratos de arrendamiento registrados, que se nutra, sin ir más lejos, de la información que ya se aporta por los propietarios al realizar el depósito de la fianza y que este sea accesible a todas las Administraciones. “Esto facilitaría a las administraciones y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la identificación de inquilinos legítimos y ocupantes ilegales”, indicó.
Alquiler Seguro también plantea que los ayuntamientos revisen los criterios de empadronamiento y establezcan mecanismos para evitar que la ocupación ilegal genere derechos administrativos. En este sentido, plantea anular la inscripción en el padrón municipal de quienes ocupen una vivienda ilegalmente, impidiéndoles acceder a ayudas públicas o revocándolas si ya las reciben.
” La imposibilidad de obtener subvenciones no es novedosa, en el ámbito medioambiental, por ejemplo, una infracción puede conllevar esta sanción durante años”, explicó Sánchez. ” No se trata de dejar a nadie sin recursos, sino de garantizar que las ayudas públicas se destinan a quienes acceden a la vivienda por vías legales”, añade.
Por otro lado, alquiler Seguro pide que se agilicen los procesos judiciales y que se equiparen los delitos de allanamiento usurpación, al tiempo que sugiere que, para garantizar transparencia en la mediación, Alquiler Seguro propone la creación de un registro administrativo de empresas que medien en la desocupación de inmuebles ocupados ilegalmente.
Este registro permitiría a la Administración controlar su actividad y exigir garantías, como la presencia de un notario en las negociaciones. Además, podría integrarse como mecanismo obligatorio de resolución de conflictos antes de acudir a la vía judicial, asegurando mayor transparencia y seguridad jurídica para los propietarios.
Por último, plantea que, para evitar la especulación y garantizar el acceso a vivienda protegida a quienes más lo necesitan, se puedan prolongar los plazos de desclasificación de las Viviendas de Protección Oficial. En este punto, alerta de que la okupación no solo afecta a propietarios, sino también al precio de la vivienda.
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