Las extrabajadoras aportan testimonios opuestos en cuanto a la cantidad de comida y la higiene
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El director del centro de Sabadell al que se trasladó a una parte de los residentes de un asilo de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) tras su cierre por la presunta falta de cuidados a los residentes ha declarado en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona contra 3 de los responsables y el encargado del cátering que “a nivel de higiene, había mucha carencia”.
El testigo, que estuvo presente en algunos de los traslados, ha asegurado que “un paciente llegó con sus objetos personales dentro de una bolsa de basura”, que otros tres lo hicieron en un taxi que los dejó en la puerta y que, en algunos casos, los enseres personales de un paciente no le pertenecían a él, sino a otro.
A preguntas de la acusación particular –que representa a dos de los socios de este grupo empresarial que gestionaba un total de 3 residencias y que prestaron la denuncia– el testigo ha manifestado que había “suciedad tanto propia como de la ropa que llevaban” los residentes y que sería complicado decir si su estado era saludable porque un simple traslado puede afectarles mucho, en sus palabras.
TESTIMONIOS OPUESTOS
Dos de las extrabajadoras del geriátrico de Sant Quirze, que gestionaban tres de los cuatro procesados, se han referido en sus declaraciones como testigos a la escasez de comida y de productos de higiene personal.
La primera, que trabajó en el geriátrico en dos períodos diferentes –uno en 2009 o 2010 y otro entre 2012 y 2013– ha manifestado que “casi todos” los residentes se quejaban de la comida.
En lo que respecta a la higiene, ha dicho que “mucha veces” no había pañales, que faltaban esponjas y papel, y que llegaron a usar productos que los familiares les traían a algunos de ellos para asearles.
La extrabajadora ha dicho que uno de los acusados no la invitó a su fiesta de jubilación por considerarla responsable de la denuncia que ha dado pie a este procedimiento judicial y, a preguntas de la defensa de si está dolida con los tres acusados que representa, ha respondido: “Hombre, me han tratado mal”.
Otra testigo, que trabajó como auxiliar durante un mes en 2016 o 2017, ha dicho que a veces había quejas por parte de los usuarios sobre la comida, que era “escasa”, y que a veces manifestaban que no les gustaba.
Sobre la higiene, ha dicho que “el tiempo era escaso”, que los auxiliares hacían lo mejor que podían, pero que, al menos en su turno, estaban bien atendidos.
En el extremo contrario, la que fue empleada de este centro durante un año, entre marzo de 2015 y 2016, ha expresado que no recuerda que hubiera un déficit en la alimentación, que en general los usuarios “se lo comían y no había queja”, que se les cambiaba el pañal varias veces al día, que no se reutilizaban los productos de higiene y que los auxiliares podían completar las tareas, aunque había que ir rápido y no se podían entretener.
Otra exempleada, que estuvo un año entre 2013 y 2014, ha explicado que la comida venía en bandejas, que no eran individuales –a excepción de los menús para diabéticos–, que los trabajadores eran los encargados de repartirla y que, aunque no se pesaba, se repartía en partes iguales a los residentes y que a veces sobraba.
Un relato que encaja con lo recogido en una de las actas de un inspector de Servicios Sociales, que hizo hasta tres actuaciones en la residencia, la última para la ratificación y confirmación del cierre.
Ha explicado que en 2014 se hizo una inspección tras detectarse una serie de carencias relacionadas con la higiene y que en 2017 se hizo otra porque se había incoado un expediente sancionador y era para comprobar si se habían corregido las medidas que se indicaban, relacionadas “con la alimentación”.
El inspector ha manifestado que en las bandejas había “incongruencias”, pero en el acta que ha ratificado anotó que el primer plato debía pesar 250 gramos y, tras pesarse 7 de los repartidos, se constató que contenían entre 400 y 500 gramos, que hubo 700 que quedaron sin repartir y 1.200 que los residentes no se comieron.
También ha declarado otra inspectora que firmó un acta en 2017 sobre el traslado de una residente en la que anotó que “tenían una higiene correcta, bien vestidos, bien peinados y que tienen las uñas limpias”, aunque a preguntas de la Fiscalía ha dicho que no vio el traslado de todos los residentes.
SE ENFRENTAN A HASTA 47 AÑOS
Según la fiscal, dos de los acusados –uno como administrador de una empresa de cátering y la otra como administradora del Llar Residencial per la tercera edaD Galaxis SL., titular de la Residencia geriátrica San Lisart– falsearon documentos para simular que servían menús completos a los residentes cuando en realidad repartían 18 entre los 24 usuarios.
A los otros dos, al director y responsable higiénico-sanitario y a la encargada y supervisora del funcionamiento de la residencia, los acusa de una “intolerable dejación de sus funciones” por la malnutrición y mala higiene de los usuarios.
La Fiscalía los acusa de un delito continuado de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de 21 delitos contra la integridad moral en concurso de normas con un delito de abandono por omisión, por lo que pide penas de 5 a 47 años de cárcel.
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