Rocamora advierte en la Asamblea que el papel de los Servicios Jurídicos fue “posterior” y solo de asesoramiento legal
CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)
El exdirector de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, Joaquín Rocamora, ha advertido hoy ante la Comisión Especial de Investigación sobre la Liquidación fallida por Daños y Perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia que el expediente de liquidación del del contrato de concesión del aeropuerto de Corvera lo realizaron “en su integridad” los servicios de la Consejería de Fomento.
Así lo ha asegurado durante su comparecencia, en la que también ha recordado que él dejó de ser director de los servicios jurídicos el 25 de septiembre de 2023, por lo que no podía aportar datos sobre hechos posteriores a dicha fecha, ya que no tenía conocimiento de los mismos.
Según ha expuesto, el expediente administrativo que se inició para la liquidación del contrato se hizo después de la la liquidación del contrato. En ese sentido, ha asegurado que se hizo “en su integridad” por los servicios de la Consejería de Fomento y que la dirección de los servicios jurídicos tiene entre sus labores el asesoramiento legal, pero “en ningún momento durante la tramitación del expediente administrativo dio lugar a eso, por lo que el papel de la dirección de los servicios jurídicos fue posterior”.
El exdirector de los Servicios Jurídicos de la Comunidad ha puesto de manifiesto que la defensa procesal del expediente administrativo “se había seguido conforme a la legislación vigente, así como el procedimiento establecido y siguiendo los parámetros dictaminados por el Consejo de Estado”. Además de eso, ha recordado que posteriormente eso generó la sentencia y que a partir de ahí desconoce el proceso “más allá de lo que ví en prensa”.
Rocamora ha señalado que el procedimiento judicial “fue largo y estuvo en proceso desde 2022”. Además, ha recordado que el procedimiento derivó, por orden de la magistrada encargada, en una “mediación intrajudicial dentro del Tribunal Superior de Justicia. Cuando dejé mi puesto seguía el procedimiento judicial en fase de mediación intrajudicial”.
Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Alfonso Martínez ha recordado que la comisión de investigación no es solo para ver la “liquidación fallida” del aeropuerto, sino para determinar el coste de este. A esto ha añadido que “ya sabemos que el aeropuerto nos va a costar un mínimo de 336 millones de euros. Recuerdo la frase de Valcárcel cuando dijo que no nos iba a costar nada”, ha añadido.
El socialista también ha denunciado que en 2019, la indemnización que iba a pedir la Comunidad Autónoma por el incumplimiento del contrato por parte de la antigua empresa concesionaria era de 180,1 millones de euros y, “sin embargo, en la nueva liquidación se eleva a 205 millones de euros. El Gobierno regional tiene que explicar el motivo del incremento de esta cifra”.
Desde VOX, Ignacio Arcas considera que la Comunidad “se lanzó a un proyecto optimista, que ha resultado ser una ruina”. El parlamentario ha recordado que durante el proyecto del aeropuerto “hubo muchísimos cambios”, como la finalización de las obras debido a los problemas de financiación. “Fue en 2013 cuando se procede a la resolución del contrato por parte de la Comunidad debido a los incumplimientos de la sociedad concesionaria y comienza una batalla administrativa y judicial que tiene consecuencias que a día de hoy son inciertas”, ha advertido.
El diputado de Podemos Víctor Egío cree que no se debería haber convocado a Rocamora a la comisión de investigación. Según ha dicho, quienes deberían comparecer ante la comisión son los expresidentes de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, Alberto Garre, Pedro Antonio Sánchez y el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, así como los consejeros de Fomento que tomaron las decisiones pertinentes del aeropuerto, pero, ha denunciado que “PP y VOX lo han impedido”.
Finalmente, el diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco ha señalado que “se ha puesto de manifiesto es que es un proyecto que salió a licitación, se adjudicó con todas las garantías, la concesionaria adquirió unos compromisos que incumplió en un momento concreto”. El parlamentario ha advertido que es a partir del incumplimiento de la concesionaria cuando “la Administración tiene que intervenir”.
Además, ha defendido que el Gobierno regional “ha actuado en todo momento con responsabilidad, y si nos encontramos en el punto en el que estamos hoy, es precisamente porque está cumpliendo con su obligación y defendiendo los intereses de la Región ante los incumplimientos de la anterior concesionaria del aeropuerto”.
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