SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento de las medidas de la Consejería de Industria, Energía y Minas para fomentar la obtención de la Licencia Social Operativa por parte de las empresas promotoras en el despliegue de proyectos industriales, energéticos y mineros en Andalucía, con objeto de lograr su integración en el territorio donde se localizan.
Este tipo de iniciativas, “claves para el desarrollo económico y el empleo de calidad”, como destaca la Junta en una nota de prensa, “requieren del cumplimiento de una estricta normativa europea, española y andaluza en materia de seguridad, urbanismo o protección del medio ambiente, entre otras, que es enormemente garantista y de cuyo cumplimiento deviene la licencia legal como condición necesaria para operar”.
No obstante, ha recordado el Ejecutivo que en ocasiones la licencia legal requiere ir acompañada de lo que se denomina Licencia Social Operativa (LSO), que se fundamenta en la aceptación por parte de la empresa de una determinada tecnología o ámbito de desarrollo económico y su implantación en un entorno concreto, “en línea con los objetivos del modelo de crecimiento económico y social sostenible que se persiguen en Andalucía”.
Por ello, desde la Junta se pretende fomentar actuaciones que favorezcan la obtención de esta licencia social, especialmente en aquellos proyectos en los que se implementan tecnologías nuevas o poco conocidas o que implican un compromiso territorial, ambiental o paisajístico diferente al tradicional, lo que aconseja esa legitimidad social que va más allá de la legitimidad legal necesaria para su implantación.
Entre las medidas previstas se encuentra el impulso de un pacto de compromiso por parte de los sectores industrial, energético y minero, a través de entidades públicas, privadas, asociaciones y empresas, similar al denominado ‘Pact for Engagement 2023’ promovido por la Unión Europea para el desarrollo de las redes eléctricas. El objetivo es fomentar la participación de las partes interesadas para asegurar un despliegue eficiente e integrado de los proyectos en el territorio, ha trasladado el Gobierno andaluz.
Además, se fomentará la aplicación de estándares o metodologías que permitan la medición de los impactos esperados para lograr una mayor transparencia y rigor en la comunicación e involucración de las comunidades locales. Para ello, la Junta organizará jornadas técnicas en las que entidades nacionales e internacionales podrán detallar sus metodologías. Además, se recogerán las mejores prácticas realizadas a través de un catálogo que incorpore al ecosistema de entidades y empresas interesadas o colaboradoras en el desarrollo de los procesos de LSO.
Del mismo modo, la Consejería de Industria establecerá también una “amplia colaboración” con entidades locales, a través de la Red Ciudades Industriales de Andalucía u otros medios, para contar con la mayor información acerca de las tecnologías que se propongan implantar en el territorio, abrir vías de comunicación y generar un clima de confianza entre las partes.
UNA INICIATIVA DE NACIONES UNIDAS
La Licencia Social Operativa es una iniciativa de Naciones Unidas del año 2004 y permite a las compañías promotoras de proyectos de industria, energía, minería o de otros sectores evaluar los impactos que generan sus actividades tomando como referencia los 17 objetivos y 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En los últimos años, la LSO está teniendo un “especial protagonismo” a través de iniciativas europeas como el Pacto de Compromiso con el Sector Eléctrico para garantizar la participación en el desarrollo de redes eléctricas y asegurar un despliegue eficiente de las mismas.
La Comisión Europea impulsó el desarrollo de campañas de concienciación local para los Proyectos de Interés Común en 2021 a través del informe de acciones y estrategias innovadoras para aumentar la concienciación pública, la confianza y la aceptación de los proyectos de infraestructura energética transeuropeos. Así, a través de análisis, encuestas y presentación de estudios de caso, entre otras medidas, se pretendía mejorar la aceptación y transparencia de los referidos proyectos.
Particularmente, en el ámbito minero, el estudio ‘Regiones y Ciudades Mineras de la OCDE: el caso de Andalucía’ incide en que es fundamental definir los posibles efectos de la minería en las economías locales y garantizar que los gobiernos locales estén alineados con las políticas para aumentar la licencia social para operar las empresas mineras.
Igualmente, el proyecto Mireu de Horizonte 2020, que contó con la participación de la Consejería de Industria, Energía y Minas, incluía entre sus paquetes de trabajo la LSO como eje central de la dinámica social en torno a la minería en Europa o la iniciativa EIT ‘Raw Materials’, que ha publicado recientemente una convocatoria de propuestas para establecer un Centro de Licencia Social para Operar, con el fin de proporcionar formación especializada y servicios de consultoría para el sector de las materias primas en la Unión Europea, abordando específicamente el compromiso con la comunidad y la sostenibilidad.
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