Tomará declaración al administrador de Villafuel, la empresa clave de la trama
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Víctor de Aldama por un presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos tomará declaración este miércoles a Francisco Javier Cillán, el presunto cerebro de la operativa, y a Pedro Antonio Marín, el administrador de Villafuel, la empresa sobre la que gira la trama.
En una providencia del pasado mes de enero, recogida por Europa Press, el magistrado acordó una batería de citaciones que se celebrarán entre marzo y abril. En total, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 escuchará a un total de 17 investigados: 16 personas físicas y a Villafuel, la empresa clave de la trama.
La ronda de declaraciones arrancará este miércoles con las de Cillán y Marín. El primero fue jefe de operaciones de Villafuel y, según consta en el sumario de la causa, conocedor del sector de los hidrocarburos, así como máximo responsable de la coordinación administrativa y comercial y tributaria de la estructura empresarial, habiendo sido señalado como cerebro de la operativa.
Ya el viernes, el magistrado interrogará también como investigados a Félix Aparicio y a Oriana Elisett. El primero figura como administrador de la suministradora Salamanca Fuel Center, y habría sido presuntamente introducido en la trama por Luis Alberto Escolano, socio de De Aldama. “Ahora sí por fin me uno a vuestra familia”, le habría escrito Aparicio a Escolano en un mensaje en octubre de 2021.
Elisett, por su parte, figura en el sumario de la causa como administradora de la mercantil Canary Island Fuel Company SL. “Desarrolla funciones de testaferro a las órdenes los líderes de la organización criminal, al objeto de desvincularles de la administración real de la mercantil”, señala la Guardia Civil en sus informes.
Cabe destacar que todos ellos fueron detenidos el pasado 16 de diciembre como responsables de un delito de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene en un informe del pasado diciembre que la organización criminal habría cometido un fraude inicialmente cuantificado de 231.727.536,51 euros entre 2021 y 2024.
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