GRANADA, 4 (EUROPA PRESS)
La asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha anunciado que recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Granada que avala la decisión de la Universidad de Granada de suspender su colaboración académica y científica con instituciones israelíes a raíz del conflicto en Gaza.
El colectivo considera la sentencia “confusa y basada en decisiones de la ONU ajenas al ordenamiento jurídico español”, lo que a su juicio evidencia “un profundo desconocimiento del derecho internacional público por parte del magistrado”, según señalan en un comunicado.
A juicio de la asociación, esta resolución “contradice las conclusiones del Ministerio Fiscal, que respaldó la postura de ACOM al señalar una posible vulneración de derechos fundamentales” y mantienen que “el ordenamiento jurídico español ha sido claro en otras ocasiones respecto a la discriminación contra los judíos”.
El presidente de ACOM ha afirmado que recurrirán la sentencia y se muestra convencido de que “ganarán” el proceso. A su entender, “no hay duda de que el juez ha cedido a la presión de grupos radicales y ha dictado una resolución que discrimina a los judíos y vulnera la Constitución Española”, por lo que confía en que los tribunales superiores “impartirán justicia, revocando un acuerdo claramente discriminatorio y anticonstitucional”.
LA SENTENCIA
La sentencia recoge que la medida de la UGR se fundamentó en pronunciamientos internacionales, entre ellos, las declaraciones de la relatora de la ONU, Francesca Albanese, quien en abril de 2024 afirmó que “el mundo está siendo testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas”.
Además, se alude a las exigencias de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) que en mayo de 2024 reclamaron “el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí”.
El fallo judicial sostiene que la UGR actuó dentro de su autonomía universitaria, avalada por la legislación vigente y sus estatutos, que priorizan “la cultura para la paz, la no violencia y la cooperación entre pueblos”. La sentencia subraya que la suspensión no constituye discriminación, sino una medida proporcional para alinearse con el derecho internacional humanitario.
En este sentido, la sentencia señala que comparte las valoraciones de la Universidad y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), codemandada, en referencia a la guerra y a la pertinencia de la medidas adoptadas, dado el “limitadísimo efecto de las decisiones adoptadas, su carácter provisional, su motivación en los fines expuestos en relación con la situación de conflicto asimétrico que se ha apreciado por organismos internacionales y la necesidad de tomar algún género de medida para, siquiera sea, intentar tales propósitos, aunque evidentemente con ello no vaya a finalizar la guerra”.
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