El agente había sido militar y siguió en el régimen del ISFAS, por lo que el Consistorio estimó que debía ser esa mutualidad la que le pagara
VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)
Un agente de la Policía Municipal de Valladolid llevará a juicio al Ayuntamiento de la ciudad, con fecha inicialmente fijada para la vista el próximo 8 de abril, por haber estimado que no debía abonarle la prestación durante el periodo en el que estuvo de permiso por paternidad en 2022 tras el nacimiento de su hijo, ya que el funcionario procedía del Ejército y seguía adscrito al ISFAS.
El policía, que había accedido al cuerpo municipal tras ser militar de carrera, fue padre de su primer hijo en 2022, por lo que estuvo de baja entre los meses de junio y noviembre. Durante su etapa en el Ejército estuvo adscrito al ISFAS, la mutualidad para los empleados públicos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, y asegura que tras solicitar la excedencia para incorporarse a la Policía Municipal, donde obtuvo plaza en 2019, se le dio la oportunidad de continuar en el ISFAS o pasar al régimen general.
Él optó por mantener sus aportaciones a la mutualidad –que funciona de manera similar a MUFACE– y en esta situación llegó el año 2022 en el que fue padre de su primer hijo, en el mes de junio. El Ayuntamiento de Valladolid comenzó a abonarle la parte correspondiente del primer mes del permiso pero transcurridas esas cuatro semanas estimó que no debía hacerlo porque, según explica el afectado, entendía que “estaría cometiendo una ilegalidad jurídicamente sancionable” ya que consideraba que la retribución debía realizarla el ISFAS.
Cabe apuntar que mientras a un trabajador adscrito al régimen general el pago de la prestación por maternidad o paternidad se lo efectúa la Seguridad Social, en el caso de los funcionarios adscritos al ISFAS o a Muface, como subraya el agente afectado, el pago se lo realiza “su administración” y no la mutualidad.
De hecho, ha reflexionado que cree que la sociedad tiene la idea de que este tipo de mutuas son “el equivalente a la Seguridad Social” cuando en realidad lo ve más como similar a Sacyl “en cuanto a prestación sanitaria”.
Según relata el agente a Europa Press, a partir de la quinta semana del permiso el Ayuntamiento dejó de abonarle hasta que volvió al trabajo transcurridas las seis semanas que es obligatorio disfrutar del permiso de paternidad tras el nacimiento del bebé. Además, le descontó 732 euros por cada semana para compensar el pago que le había realizado durante el primer mes de permiso.
El agente pudo disfrutar de otras cuatro semanas “sueltas” de permiso porque explica que tenía “ahorros” y se pudo permitir la reducción de los ingresos durante ese tiempo. Con todo ello, estima que la situación le ha causado un perjuicio de 7.300 euros que corresponderían a los ingresos que habría debido recibir durante las diez semanas que disfrutó el permiso de paternidad.
En esta situación, el policía presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social, que no estimó procedente su reclamación, por lo que presentó recurso ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, que en su fallo le invitaba a acudir a la vía contenciosa.
Por ello, demandó al Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la capital, que ha estimado la demanda y ha fijado la vista para el día 8 de abril. Antes de ello, el agente recuerda que había vuelto a reclamar al Ayuntamiento por vía administrativa el pago de las retribuciones correspondientes al permiso, pero transcurrieron los tres meses de plazo sin respuesta, de modo que operó el silencio administrativo negativo.
El policía ha matizado que en la vía de lo social reclamaba la prestación por paternidad, pero ahora pide el pago de la retribución que le habría correspondido, por lo que se debería descontar el IRPF.
Se da la circunstancia de que la fecha del juicio en lo Contencioso-Administrativo se ha fijado apenas unos días después de la fecha prevista para el nacimiento de su segundo hijo, con el que prevé que inicialmente le va a suceder “lo mismo” que con el primero.
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