La presidenta del TS y el CGPJ reclama más medios económicos para dotar de más medios a los juzgados de violencia sobre la mujer
PALMA, 4 (EUROPA PRESS)
Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de toda España abordan desde este martes en Palma el “cambio radical”, en palabras del presidente del TSJIB, Carlos Gómez, que supondrá la implantación de los tribunales de instancia a raíz de la próxima entrada en vigor de la Ley de eficiencia de la justicia.
A grandes rasgos, la ley supondrá, según ha indicado Gómez en declaraciones a los medios el primer día de las XX Jornadas anuales de presidentes y presidentas de Tribunales Superiores de Justicia, que aborda esta cuestión, la transformación de los juzgados y en, entre otras cuestiones, en lugar de haber varios juzgados de instrucción, habrá sólo un tribunal de primera instancia, con diferentes secciones y diferentes jueces. “La organización judicial en primera instancia cambiará radicalmente”, ha señalado el presidente del TSJIB.
El cambio, ha añadido, supondrá dotar a la organización de justicia de una mayor flexibilidad, porque el tribunal será un sólo órgano con varios jueces, lo que favorecerá, por ejemplo, las sustituciones en caso de bajas. También se añadirá una oficina única de tramitación.
Los cambios que se prevé que traiga la nueva norma, sin embargo, necesitan la correspondiente dotación presupuestaria por parte de las administraciones competentes, según ha defendido en el discurso de inauguración de las jornadas la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló.
Las jornadas se prolongan hasta el jueves y en la inauguración, Perelló ha insistido en que sólo con la dotación de recursos económicos se podrá ir “más allá de un mero cambio de denominación y se avanzará hacia una Justicia más ágil y eficiente”.
La presidenta del TS y del CGPJ se ha referido al impacto de la reforma en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y el aumento de la carga de trabajo. “Comparto las preocupaciones y las reivindicaciones de los jueces y juezas para que cuenten con los medios necesarios”, ha añadido.
En toda España, la nueva ley supondrá un importante cambio organizativo al reducir los más de 3.800 juzgados unipersonales existentes a 436 tribunales de instancia.
CASO OMISO DE LAS DESCALIFICACIONES
Durante su discurso, Perelló ha hecho un llamamiento a los jueces a “hacer caso omiso de las descalificaciones, incluso personales, que se escuchan o se leen en ocasiones”. “Este tipo de críticas destructivas no demuestran más que la falta de argumentos”, ha reiterado.
La presidenta del TS y del CGPJ se ha referido también a la reforma del órgano de gobierno de los jueces y ha he hecho hincapié en el esfuerzo que se está haciendo por tratar de recuperar la imagen pública y el prestigio del Poder Judicial.
“Hemos trabajado sin descanso para tratar de recuperar estos años perdidos y lograr amplios consensos, demostrando así que las instituciones pueden funcionar aunque en su seno existan profundas diferencias ideológicas. Creedme, no es fácil, pero es nuestra responsabilidad entendernos entre diferentes para dar solución a los problemas de la Justicia”, ha dicho.
La presidenta del órgano de gobierno de los jueces ha señalado, en este sentido, que el CGPJ ha realizado hasta la fecha 67 nombramientos “con un altísimo nivel de consenso y aplicando de manera eficaz criterios de paridad”.
JUECES INDEPENDIENTES, RESPONSABLES E INAMOVIBLES
Al mismo tiempo, Perelló ha defendido el “difícil trabajo” de los jueces, la importancia de su labor y su compromiso con la sociedad y ha recordado que “no hay sociedad libre y democrática sin jueces independientes, responsables e inamovibles”.
Ha instado a esforzarse por hacer comprender a la opinión pública “esta enseñanza de la Historia”, que los errores puntuales que se puedan cometer “no empañan la tarea de un colectivo de 5.400 profesionales que, por su vocación de servicio público, desempeñan su trabajo en circunstancias no siempre fáciles y guiados por su sentido del deber”.
La presidenta del TS y del CGPJ ha subrayado que “la libertad y el gobierno de las leyes, y no de la arbitrariedad, son instituciones frágiles” y que su subsistencia depende del Poder Judicial, que debe cuidar por ello la calidad de sus razonamientos jurídicos, la ecuanimidad de sus valoraciones sobre los argumentos de las partes y la imparcialidad en el ejercicio de su tarea, “sin más guía que la ley y el derecho”, puesto que la recta aplicación de la ley es la que otorga legitimidad a los jueces ante la ciudadanía.
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