Los departamentos podrán adjudicar sin pasar por Infraestructures.cat en más casos y se refuerza la obligatoriedad de dividir en lotes
BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)
El Govern ha aprobado este martes un decreto ley con medidas de simplificación de la ejecución de obra pública por parte de la Generalitat y que pretende potenciar la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las licitaciones públicas.
Uno de los principales cambios es que los departamentos tendrán la posibilidad para adjudicar de forma directa los contratos de obra y los contratos de redacción de estudios y proyectos sin necesidad que lo tengan que encargar a la empresa pública Infraestructures.cat, cambiando los umbrales en los que la participación de la empresa era obligatoria.
Los contratos de obras con un valor estimado inferior a los 15 millones de euros se podrán adjudicar de forma directa (en lugar de los inferiores a 2 millones de euros actuales), como también los contratos de reducción de estudios y proyectos inferiores a 2 millones de euros (y no los menores de 100.000 actuales); unas cifras que, en el caso de infraestructuras e instalaciones de energías renovables se quedan en los 2 millones de euros para contratos de obra y 300.000 para redacción de estudios y proyectos.
Los actuales umbrales se modificaron en 2020 y el objetivo, explican fuentes del Govern, es aumentar el nivel de ejecución de obra pública de la Generalitat –del 71% por parte de Infraestructures.cat en 2024– a cifras cercanas al 85%, con lo que asumen que los departamentos deberán aumentar su capacidad y redimensionar sus plantillas y, en algunos casos, se asumirá desde Economía y Finanzas.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicado que el objetivo de la norma es ser más ágiles como administración y que Infraestructures.cat “se pueda concentrar en aquellos contratos de mayor volumen”.
APOYO DE LOS COMUNS Y A LA ESPERA DE ERC
La aprobación del decreto es la concreción de parte del paquete de medidas que aprobó el Consell Executiu la semana pasada con el objetivo de acelerar la ejecución de obra pública e impulsar inversiones estratégicas
Fuentes del ejecutivo trasladan que cuentan con el apoyo de los Comuns al decreto ley –que el Parlament deberá validar en 30 días–, y esperan garantizar el ‘sí’ de ERC al mismo en las reuniones que mantendrán próximamente con representantes del partido.
INFRAESTRUCTURES.CAT
Actualmente, Infraestructures.cat gestiona 677 proyectos y algo más de 800 obras públicas, un volumen importante que debería verse reducido con esta medida, teniendo en cuenta que un número significativo de ellas no llega a los 250.000 euros de inversión, y que el objetivo es que la empresa pública se centre principalmente en grandes proyectos y obras.
El Govern no cuenta con que este año sean visibles los cambios, puesto que la mayoría de conselleries no tendrán todavía la capacidad para dejar de pasar por Infracat en la ejecución de sus obras y proyectos, y que sea a partir de 2026 cuando sea evidente el cambio; aunque la norma prevé que tanto la Infraestructures.cat como el Institut Català de l’Energia (ICAEN) sigan funcionando como asesores a los órganos del Govern en la redacción y en la valoración de las ofertas de ejecución.
Otra medida con la que el Govern pretende acelerar la obra pública es con la posibilidad de licitar conjuntamente los proyectos y la ejecución de las obras tanto en los contratos de obra pública como en los de edificación, bajo dos supuestos: que el plazo de ejecución sea inferior a 1 año o que en las obras de eficiencia energética se introduzcan actuaciones que contribuyan a la mitigación del cambio climático.
PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES
El decreto ley contiene medidas con las que el Govern pretende aumentar la participación de las pymes en las licitaciones públicas, entre las cuales el “refuerzo de la obligatoriedad” de dividir en lotes los contratos, además de la limitación de acceso a distintos lotes por parte de una misma empresa.
Paneque ha argumentado que de esta forma mejorará la competitividad de Catalunya y favorecerá la participación de las pymes que “representan gran parte de la economía catalana en la contratación pública”.
Además, se fijará un procedimiento de pago directo y los requisitos para ello a las empresas subcontratistas en caso de impago por parte de los adjudicatarios en contratos de servicios y obras armonizadas, una “larga reivindicación”, explican en el Govern, y la obtención de certificados de buena ejecución a los subcontratistas se facilitará, lo que permitirá, aseguran, que se facilite la participación en futuras licitaciones.
Finalmente, se unifica y simplifica la tramitación de los pagos menores (de valor estimado igual o inferior a 5.000 euros) en todos los órganos de contratación de la Generalitat.
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