MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU abogó este martes por articular un programa de detección de pobreza energética y reducir el precio al que se paga la energía consumida así como la demanda de energía necesaria para cubrir las necesidades específicas de los hogares.
Estas son algunas de sus propuestas de cara a la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030, que trasladó durante su participación en la consulta pública del documento, cuyo plazo acaba de finalizar, tal y como precisó la federación en un comunicado.
El objetivo de esta consulta era recoger propuestas que ayudasen tanto a complementar las 19 medidas ya incluidas en la anterior estrategia, como a identificar nuevos mecanismos para reducir el número de hogares afectados por pobreza energética.
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU participó en ella con propuestas dirigidas a actuar en dos aspectos que considera “fundamentales”, como es reducir el precio al que se paga la energía consumida y reducir la demanda de energía necesaria para cubrir las necesidades específicas de los hogares.
En concreto, apuesta por crear una tarifa especial o tarifa social que recogería de manera “más transparente y justa” los costes del sistema, evitaría el concepto de descuento por pobreza y se aplicaría una tarifa que corresponde según el nivel de ingresos de la persona beneficiaria, de la misma forma que los tramos de IRPF.
IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA
Además, propone un mecanismo de identificación de manera automática por nivel de renta y otras circunstancias “especiales” a las personas consumidoras a quienes les corresponde el bono social o una nueva tarifa social y que se aplique sin que el beneficiario tenga la obligación de tramitar una solicitud.
A su vez, pide desarrollar un programa de detección de pobreza energética que los ayuntamientos y administraciones locales deben poner en marcha y proveer de datos, al tiempo que insta a compartir datos entre administraciones a través de sistemas informáticos que hagan posible la automatización de la concesión del Bono Social y el cálculo de kWh bonificados, teniendo en cuenta ubicación de la vivienda y calificación energética de la misma, además de los parámetros de composición del hogar, renta y circunstancias especiales.
En paralelo, emplaza a la coordinación entre los distintos niveles de la administración pública para articular “una solución integral” y a incorporar nuevos indicadores para medir causas y afecciones que se “ajusten más a la realidad social y climática” así como a lanzar programas de ayuda específicos para la descarbonización de hogares vulnerables, aumentar los límites de energía consumida sujeta al descuento del bono social eléctrico vigentes e impulsar un Observatorio Nacional de Pobreza Energética.
UNA SOLA CATEGORÍA
Junto a ello, propone unificar en una sola categoría a vulnerables severos y en riesgo de exclusión social y “reforzar” los servicios sociales para que se pueda llevar a cabo la labor de atención e identificación necesarias para evitar las actuales situaciones de “desprotección de una parte de la población”, así como “modificar” las condiciones de las familias numerosas para ser beneficiarias del bono social incluyendo también criterios de renta e implementar el modelo de la ley catalana 24/2015 en base al “principio de precaución” en el procedimiento de corte de suministro por impago a los hogares en situación de vulnerabilidad.
En este contexto, la experta en energía de CECU, Soledad Montero, subrayó que es “obligación” de las administraciones “garantizar la protección e inclusión de toda la ciudadanía”. “Para ello, es prioritario garantizar el acceso de todas las personas a unos servicios esenciales de calidad y dotar a la nueva estrategia de medidas estructurales y permanentes es clave para asegurar su efectividad” abundó.
Por último, reivindicó que acabar con la pobreza energética “no solo ayudará a reducir el gasto sanitario público que supone la atención de enfermedades relacionadas con la pobreza energética: respiratorias, cardiovasculares, infecciosas o psicológicas; sino también al pleno desarrollo de otros derechos fundamentales. Es una cuestión de justicia social”.
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